México es uno de los 25 países que no ha firmado el Convenio de Budapest, que busca hacer frente al cibercrimen, mediante la armonización de leyes y mejora de técnicas de investigación, destacó Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos Personales en el INAI.
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México necesita concretar una estrategia nacional sobre ciberseguridad, advirtió Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos Personales en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI.
En entrevista, destacó que la protección de datos personales no se puede entender en el entorno digital sin una ciberseguridad robusta, porque es un tema global que no respeta fronteras.
El estado de la ciberseguridad en México
El Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con la Organización de Estados Americanos, presentó hace unos días el reporte denominado «El Estado de la Ciberseguridad», el cual muestra que México es uno de los 25 países que no ha firmado el Convenio de Budapest.
Se trata de un convenio internacional firmado en 2001 y que busca hacer frente al cibercrimen, mediante la armonización de leyes y mejora de técnicas de investigación. Constituye una especie de guía o “ley modelo” para que los Estados Parte implementes medidas para combatir la comisión de delitos informáticos.
De esta forma, señaló Jonathan Mendoza, México no cuenta con una ley que regule los delitos informáticos; únicamente existe una disposición en el Código Penal Federal, el artículo 211, que da algunas condiciones para poder regular este tema en materia penal.
El secretario de Protección de Datos Personales en el INAI dijo que México requiere además homologar estrategias en la materia e integrarse a la cooperación internacional para poder hacer investigaciones entre varios países, como sucede actualmente en Europa con Europol.
Además, agregó, se debe invertir en tecnología para poder atacar a los cibercriminales que han desarrollado campañas para el robo de información.
El especialista destacó que el cibercrimen tiene un costo mundial de 600 millones de dólares y el costo promedio de un ataque para una empresa es de 2.6 millones de dólares; por ello es relevante para los países estar actualizados en esta materia.
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