Colombia, México y Brasil son los países con más asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, según el informe.
José Andrés Velázquez
2020 fue el año más peligroso para las personas que defienden a los medios de vida y ecosistemas. Más de 4 personas murieron cada semana para llegar a un saldo de 227 ataques letales en todo el mundo, según el informe Última línea de defensa, elaborado por la ONG Global Witness.
México fue el segundo país del mundo con más asesinatos a personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020. Se documentaron 30 ataques letales, lo que representa un 67% más que en 2019. Además, el informe relata que el 95%de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal, lo que revela una altísima tasa de impunidad. La mitad de los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas.
Por su parte, Colombia registró, por segundo año consecutivo, la mayor cantidad de muertes en 2020, con 65 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas. El confinamiento por Covid-19 llevó a que las y los defensores fueran atacados en sus hogares y que se redujeran las medidas de protección del gobierno.
Un impacto desigual
- De los 227 asesinatos registrados por Global Witness, 226 tuvieron lugar en países del Sur Global.
- De los 10 países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo, 7 están en América Latina.
- Más de un tercio de los ataques fueron perpetrados contra pueblos originarios.
- Los pueblos originarios fueron blanco de 5 de los 7 asesinatos en masa registrados en 2020
¿Quién es responsable de estos asesinatos?
El documento expresa que “muchas amenazas y ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente ocurren luego de que las comunidades expresan su preocupación sobre el impacto en sus derechos y tierras del accionar de las empresas y correspondientes proyectos”.
En este sentido, muchas veces son las empresas que contaminan los ríos o extraen los recursos quienes podrían operar detrás de los asesinatos. Sin embargo, cuando llega a darse una detención por matar a quienes defienden la tierra y el medio ambiente, las personas sobre las que recae la justicia “suelen ser quienes apretaron el gatillo, sostuvieron las armas o realizaron el pago, y no las personas que podrían estar implicadas de otra forma, directa o indirectamente, en el crimen”.
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