La Asociación Mexicana de Derecho a la Información lamentó el compromiso que el Ejecutivo Federal hizo con industriales de la radiodifusión para analizar la posibilidad de reducir los tiempos oficiales, hecho que la Amedi calificó como “grave”.
En un comunicado, la asociación señaló que el Ejecutivo Federal pretende congraciarse con los concesionarios de la radio y la televisión para mejorar su cobertura mediática y afirma que los tiempos oficiales deben ser espacios para la deliberación pública.
Advirtió sobre la eventual violación a un derecho fundamental: el de comunicar o derecho a saber de la sociedad mexicana, ya que “los tiempos oficiales no son del gobierno, son del Estado”.
En su comunicado, la Amedi explica que los tiempos oficiales constan del tiempo fiscal y los tiempos del Estado.
El tiempo fiscal es el impuesto decretado por Gustavo Díaz Ordaz, vía la Secretaría de Hacienda, en 1968, que pagan en especie las empresas que tienen concesiones para el uso de bienes de la nación como el espectro radioeléctrico y declaradas expresamente de interés público, como las estaciones de radio y las emisoras de televisión. Originalmente, este tiempo fiscal equivalía a 12.5 por ciento de transmisión, pero el 10 de octubre de 2002, mediante el llamado decretazo, el gobierno de Vicente Fox lo redujo a 1.25 por ciento, quedando en 18 minutos diarios para las estaciones de TV y 35 minutos diarios en radio, para la difusión de materiales del Poder Ejecutivo Federal con una duración de 20 a 30 segundos.
Los tiempos oficiales también incluyen los tiempos del Estado, cuyo fundamento legal son los artículos 251 y 252 de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), equivalentes a 30 minutos gratuitos dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social, y que se establecieron desde 1960 en la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 59.
El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar la posibilidad de reducir los tiempos oficiales ocurrió durante la Sexagésima Semana Nacional de la Radio y la Televisión, que organiza cada año la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Para la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, este hecho “coincide con un momento de crisis comunicacional y fuerte cuestionamiento a las decisiones y declaraciones del gobierno federal en diversos temas de interés nacional.”
