La abogada Viridiana Valgañon recordó que desde hace años se reformó el sistema penal para que no hubiera personas en prisión injustamente.
Escucha la entrevista de Viridiana Valgañon con Luisa Iglesias Arvide.
Redacción IMER Noticias
Los criterios que se incluirán en el decreto que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a personas que se encuentran en prisión ya se encuentran previstos en diversas leyes, destacó Viridiana Valgañon, abogada de la organización Equis Justicia para las Mujeres.
En entrevista para IMER Noticias, la especialista puso como ejemplo que la Constitución habla de que las personas en prisión no podrían estar más de dos años sin sentencia.
“El presidente nos está hablando ahora de personas que llevan una década. Eso resulta preocupante en todos los sentidos”.
Viridiana Valgañon recordó que se reformó el sistema penal para que no hubiera personas en prisión injustamente y se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal Federal para que las cárceles no estuvieran saturadas; sin embargo, no se ha aplicado ese marco legal.
“Tenemos al presidente anunciándonos que no ha pasado nada de esto. ¿Por qué? Porque hasta ahora, los jueces de ejecución se niegan a aplicar perspectivas de derechos humanos. Pareciera que seguimos con la lógica de castigar y entre más tiempo pase la persona en prisión más estamos haciendo nuestra chamba”.
Combatir la tortura y atender la reinserción
La abogada agregó que una de las grandes deudas del Estado ha sido atender las denuncias de tortura, cuando la ONU y Amnistía Internacional han reconocido que la tortura es un tema sistemático, grave, en México.
Finalmente, señaló que no se debe perder de vista esta discusión y resaltó la necesidad de contemplar la reinserción social.
“Si este decreto se emite, más allá de que ya hay leyes que lo prevean, que contemple estos puntos: a dónde vamos a regresar a esta gente que, insisto, ha permanecido años injustamente en prisión”.
En la conferencia matutina del jueves, el presidente López Obrador anunció que firmará un decreto para liberar a las personas encarceladas que aún no han recibido una sentencia, las que son mayores de 75 años de edad sin delito grave, las mayores de 65 con problemas de salud crónicos y quienes han sufrido tortura.
