La llamada “puerta giratoria” en el sector eléctrico es un fenómeno que permitió que funcionarios de alto nivel consiguieran negocios para empresas a las que estaban ligados o puestos en empresas privadas.
Aura García
Los primeros permisos que la iniciativa privada obtuvo para incursionar en la generación de electricidad fueron otorgados por Georgina Kessel.
Era 1994. En México se acababa de abrir la puerta del sector eléctrico al empresariado y la funcionaria asumía la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía, un puesto clave en la regulación del nuevo modelo.
Ese fue apenas uno de los altos cargos que Kessel ejerció en distintas administraciones. Con Felipe Calderón, se convirtió en secretaria de Energía y también fungió como presidenta del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y como titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Así, durante casi dos décadas, Kessel ocupó espacios que le permitieron recibir información privilegiada y sentar normas para el mercado energético, pero cuando terminó su tarea en la administración pública, Georgina saltó al sector privado.
Lo hizo bajo las filas de Iberdrola, la trasnacional de origen español que se convirtió en el principal productor privado de electricidad en México y a la que el expresidente Felipe Calderón también se unió cuatro años después de dejar Los Pinos, a través de la filial Avangrid.
Por sus asesorías como consejeros independientes, ambos exfuncionarios recibieron en conjunto al menos 13 millones de pesos, según reveló una investigación del portal Sin Embargo.
Ellos son el más reluciente ejemplo de las puertas giratorias, un fenómeno surgido en la década de los 70, en un contexto de privatización que abarcó desde el sector bancario hasta el energético.
Para el politólogo Javier Buenrostro, la puerta giratoria del sector energético mexicano no se puede entender sin el modelo español y atribuye al expresidente Felipe Calderón y su mano derecha, Juan Camilo Mouriño, el abrir la puerta a estas corporativas extranjeras y ampliar de manera especial su participación en el mercado.
“El concepto de puertas giratorias viene del término en inglés que es revolving doors. Y se refiere a que los funcionarios públicos primero legislan o imponen leyes que benefician a ciertas empresas privadas y después, cuando dejan los cargos públicos, pasan a formar parte de la nómina o de los Consejos de Administración de dichas empresas. Eso se dio en Inglaterra en los contextos de privatización liberales, por eso es un concepto que se acuñó allá, pero las olas han llegado al resto de Europa y en Latinoamérica”.
Es el caso de Repsol, otro gigante español con el que México firmó un contrato para recibir gas peruano, y sólo por fungir como intermediaria, la empresa cobró 21 mil millones de dólares. Este acuerdo y su presunto daño al erario fueron divulgados desde 2008 por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero los negocios también fueron para las firmas mexicanas, incluso aquellas ligadas directamente con los exfuncionarios. Juan Camilo Mouriño, subsecretario de Electricidad y secretario de Gobernación con Calderón fue acusado en diversas ocasiones de favorecer con contratos de Pemex a sus empresas familiares: Grupo Energético del Sureste y Transportes Especializados Ivancar.
El funcionario falleció en un accidente aéreo en 2008, meses después de haber sido exonerado por una Comisión Especial de la Cámara de Diputados, a pesar de que Mouriño reconoció firmar contratos con Pemex como apoderado legal de su familia.
El gobierno como empresa
La lista de servidores públicos que participaron en las puertas giratorias se remonta al expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien tras terminar su gestión fue nombrado consejero ejecutivo del Grupo Dow Jones o a Ernesto Zedillo, quien fue contratado como consejero del grupo financiero Citigroup.
Tales antecedentes no son fortuitos. Para el doctor Édgar Belmont y responden a que en los años 90, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se llevó a cabo una reestructuración del sector público y una reorganización de las reglas del juego, bajo lo que se denomina “lógica gerencial”.
“Cuando llega toda esta lógica gerencial al cambio de administración pública, todo lo que tiene que ver con esta dimensión ética-política es visto como un obstáculo, como un referente ideológico y por lo tanto es desestimado.”
Una perversión de lo que significaba ser funcionario, dice Belmont, aquella que tenía como premisa trabajar para el bien común y prestar un servicio de calidad, al menor precio posible.
“Que funcionarios públicos pasen al sector privado no sólo no es ético, sino que muestra que en este periodo hubo una convergencia de intereses entre la clase política y económica. O sea, había una especie de consenso entre grandes intereses económico-financieros y la clase gobernante. Y todo ese marco común sobre el cual están de acuerdo, pues se apoya en todas estas herramientas gerenciales. Entonces, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y los cambios en las legislaciones los conceptualizo como instrumentos, como herramientas”.
Aunque en sexenios anteriores este paso de lo público a lo privado no era ilegal, esta práctica abría espacios a la corrupción y era vista como común y hasta “natural”. Así lo valora el doctor en Administración Pública, Osvaldo Cruz Villalobos.
“Desde mi punto de vista no se configura un conflicto de interés, lo que sí es que no es ético. Puede ser legal, incluso, pero no es ético porque usaron información, tomaron decisiones, promovieron contratos, compromisos, de varios millones o miles de millones de pesos y cuando terminaron su encargo nada más se pasaron al otro lado del escritorio”.
El fenómeno de la puerta giratoria no es exclusivo de un país y mucho menos de un determinado partido político. En España, uno de los primeros involucrados en este salto fue Antonio Miguel Carmona, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que este año fue nombrado vicepresidente de Iberdrola.
En México, personajes como Jesús Reyes Heroles, quien fue secretario de Energía en el gobierno priísta de Zedillo y director de Pemex en el panista de Calderón, también terminó como socio de Morgan Stanley para generar inversiones en el sector energético.
También destaca el perfil de Luis Téllez, otro secretario de Energía en el sexenio de Zedillo. Durante su gestión, Sempra Energy, la firma enfocada a la infraestructura eléctrica y de gas natural, obtuvo permisos para transportar y distribuir gas natural en el país. Años más tarde, en 2004, Téllez se convirtió en integrante del Consejo de Administración de dicha empresa.
Otro es el caso de Alfredo Elías Ayub, quien se desempeñó como director de la Comisión Federal de Electricidad durante tres administraciones y terminó como Consejero independiente Avangrid.
Estos exservidores fueron señalados de favorecerse en la industria privada por su toma de decisiones en lo público y aunque muchos casos quedaron sólo en la indignación no ocurrió así con Guillermo García Alcocer.
El expresidente de la Comisión Reguladora de Energía entre 2016 y 2019 fue inhabilitado 10 años por la Función Pública tras presuntamente beneficiar a una empresa familiar con permisos para comercializar combustibles.
¿Cómo recuperar el sentido de lo público?
Hoy, la puerta giratoria ya no es considerada normal ni ética, pero sobre todo, es ilegal. Los escándalos de este fenómeno llevaron a incluir en la Ley de Austeridad la prohibición para trabajar en el sector privado al menos diez años después de haber sido funcionario público.
Los doctores Cruz y Belmont no consideran que esto garantice la desaparición de prácticas cuestionables, pero reconocen que es un esfuerzo para regular lo que ya se había convertido en “el pan de cada día”. Un llamado a dignificar la labor del servicio público y retomar su sentido social, fuera de los intereses del mercado. Así lo expresó el doctor Édgar Belmont.
“¿Cómo recuperar una idea del bien común en el Estado? Yo creo que se requiere de un proceso de concientización y de formación. También, yo diría de dignificación del trabajo de los servidores públicos, porque toda la lógica gerencial si algo descalificó fue eso a la figura del servidor, al burócrata, a todos estos personajes que trabajan para nosotros: médicos, profesores, electricistas, petroleros. Entonces, sí hay una tarea muy fuerte por darle sentido a lo público y restituir ese carácter ético-político de trabajar para los otros y atendiendo las exigencias del mercado.”
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