La pandemia del coronavirus demostró que los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas estatales Anticorrupción, deben transformarse para erradicar esa práctica del sector salud.
Ernesto Osorio
Los sistemas estatales anticorrupción deben replantearse sus objetivos para servir como verdaderos enlaces con la sociedad civil durante emergencias sanitarias como la que se vivió con el coronavirus, advirtió el maestro Pablo Munguía Gaytán durante un conversatorio sobre políticas públicas para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19, convocado por Fundar.
De acuerdo con el ponente, deben replantearse tres aspectos desde la normatividad misma de los órganos anticorrupción estatales: Uno, el programa de trabajo de los Comités de Participación Ciudadana, pues la emergencia sanitaria dejó entrever escandalosos casos de corrupción en el sector salud. Dos, la falta de información veraz por parte de los medios y por parte de las mismas autoridades en los tres niveles de gobierno, obligan a que los Comités Ciudadanos se conviertan en referentes de información confiable como se demostró durante la emergencia en Oaxaca y Tres, replantear la relación de los sistemas con las redes de participación ciudadana identificadas, ya que durante la pandemia muchas de ellas no funcionaron como tuvieron que hacerlo. Es por eso que sugirió cambiar la normatividad del sistema anticorrupción, al menos en el estado de Oaxaca que es donde el participa.
En ese sentido, el maestro en políticas públicas por el TEC de Monterrey Juan Carlos Chávez coincidió en que es necesario que se contemple en el presupuesto de egresos de la federación, una partida para un escenario de emergencia sanitaria, pues la legislación actual no contempla la figura de esta emergencia. Explicó que la ley vigente contempla emergencias económicas, pero no sanitarias y como tal, deben ser planificadas.
Por su parte, la investigadora del área de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar Janeth Oropeza, sugirió que el sector al que las políticas públicas deben priorizar su atención es en el sector salud. Finalmente, la trabajadora social y activista María Encarnación Quesada coincidió en revisar el marco normativo en cada estado para fortalecer las políticas vigentes de prevención de la salud, pero con una visión transversal del marco normativo en general.
Isela Uribe, la moderadora de este foro, planteó finalmente que en el debate sobre políticas públicas debe hacerse de lado lo político, para evitar que se contaminen las discusiones en temas tan relevantes como las políticas públicas
