Mientras esperan una sentencia están en prisiones en condiciones indignas, advierte el Instituto Federal de Defensoría Pública.
La defensora pública Layla Almaraz, en entrevista con Elia Baltazar.
IMER Noticias
En México, unas 12 mil mujeres están privadas de su libertad en centros penitenciarios, pero 6 mil 400 todavía están en prisión preventiva a la espera de que se resuelva su situación jurídica y se les dicte una sentencia.
Esta situación ha puesto en evidencia la lentitud en la impartición de justicia hacia las mujeres, que representan apenas el cinco por ciento de la población penitenciaria de todo el país.
Así lo afirma la abogada Layla Almaraz, defensora del Instituto Federal de Defensoría Pública, cuyo equipo tiene en sus manos el caso de una mujer llamada Irma, de 48 años, acusada de secuestro y delincuencia organizada, que ha pasado ocho años en al menos tres centros penitenciarios y en todo ese tiempo no ha visto a su familia y su proceso judicial presenta retrasos y no le ha permitido recibir una sentencia.
“El proceso penal de Irma se da en el contexto del sistema penal pasado, el inquisitivo mixto que se le conocía, que hay muchas prácticas en el marco de estos procesos que generan dilaciones que no son imputables a Irma o a ninguna de estas mujeres que se encuentran en su misma situación. Irma estuvo privada de su libertad en muchos lugares alejados de donde se lleva su causa, que es en el Estado de México; ella ha estado en Chihuahua, en Nayarit y ahora en Morelos”.
El caso de Irma, que ha sido acompañado por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, ha sido importante para el equipo de defensores, pues les ha permitido obtener una radiografía muy clara de lo que están viviendo las mujeres en conflicto con la ley penal en el país.
Aunque el caso no tiene señales de resolución pronta, ha evidenciado hasta este momento que las mujeres que esperan condena en prisión preventiva legalmente son inocentes y que son recluidas en condiciones inapropiadas en los centros penitenciarios, como el Cefereso 16, ubicado en Morelos, donde está Irma.
Layla Almaraz dijo que ese centro penitenciario, donde conviven unas 800 mujeres, no tiene siquiera un ginecólogo que las atienda.
“Estamos peleando ese incumplimiento no sólo para generar un cambio en la vida de Irma, sino para empezar a sentar precedentes importantes sobre que las personas en conflicto con la ley tienen derecho y particularmente las mujeres, que hemos demostrado y todo el mundo lo sabe, que están en una situación especial de vulnerabilidad, por la violencia y discriminación estructural que sufren, sobre todo al interior del sistema penitenciario; entonces, el futuro de Irma no es muy esperanzador, pero creo que estas resoluciones nos dan cuenta de que empezamos a transitar hacia un nuevo camino y ojalá haya justicia para Irma”
Lamentó que en México se normalicen las condiciones indignas para las mujeres privadas de su libertad y lo atribuyó a que, al representar sólo en cinco por ciento de la población penitenciaria, no se les presta la atención que requieren.
“Y eso está mal, no solamente requieren de condiciones de vida digna, sino que requieren de un trato diferenciado y el ejemplo más claro es el Cefereso 16. No es posible que siga siendo el único centro penitenciario federal y no tenga un ginecólogo para atender a las poco más de 800 mujeres que ahí están recluidas”.
