La población indígena kichwa que vive en la región de San Martín en Perú se encuentra amenazada por el crimen organizado después de varios años de tranquilidad
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Mongabay Latam
En la década de 1990, la región del Bajo Huallaga fue conocida por su alta producción de la hoja de coca y la pasta que da origen a la cocaína. Pero, con ayuda del gobierno peruano estas prácticas disminuyeron y en 2005 los habitantes recuperaron sus territorios.
Sin embargo, desde hace tres años, la presencia del narcotráfico reapareció en 14 comunidades para explotar de manera ilegal los bosques. Las autoridades que alguna vez ofrecieron su apoyo, hoy rechazan las denuncias de los pueblos por no contar con títulos de propiedad.
Estas circunstancias orillaron a Marisol García Apagüeño, la única mujer con un cargo importante en la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas, a crear espacios como la radio comunitaria “Voces de la Selva” para exponer estas actividades ilegales.
A pesar de recibir amenazas en su contra, Marisol no ha dejado de trabajar con organismos en defensa de derechos humanos para proteger a las y los pobladores.
“Sigo tocando puertas, me he presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contar del peligro que estamos viviendo, también nos hemos reunido con organizaciones de derechos humanos, porque mis hermanos están amenazados, han secuestrado a defensores indígenas y yo sé lo que es vivir con miedo, que no puedas salir ni de tu casa porque te pueden matar”
Sin documentos, no hay justicia
Los pueblos kichwa habitan la zona amazónica del Perú desde varios siglos atrás y cada comunidad es una herencia de sus antepasados. A través de los años, la población ha aprovechado las condiciones climáticas para el cultivo de cacao y plantas medicinales.
No obstante, la deforestación, la tala ilegal y los sembradíos de coca de personas ajenas a sus pueblos hoy amenazan sus patrimonios. En más de una ocasión, han solicitado la intervención de las autoridades, pero la respuesta es la misma: sin títulos de propiedad no pueden reclamar.
Ninguna de las 14 comunidades asentadas en el Bajo Huallaga tiene documentos que los avalen como dueños de esas tierras, incluso, tres de ellas no son reconocidas por el gobierno como zonas indígenas.
Con el apoyo de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín, la población ha iniciado los procesos para escriturar sus terrenos. Pero, el alto costo de los trámites ha detenido estas acciones. Por cada comunidad se estima un gasto de 33 mil soles, es decir, más de 173 mil pesos mexicanos.
Otro de los obstáculos legales que enfrentan ocho comunidades kichwa es la superposición con zonas protegidas del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. Así lo explica el presidente de la federación de Fepikecha, Wilger Apagüeño Cenepo.
“Las comunidades nativas están en medio de las dos áreas protegidas: el área Nacional y el área de Conservación Regional. El problema en sí es que se han creado sin consulta previa. Hay que entender que las comunidades nativas siempre han existido, inclusive, han existido antes de la creación del Estado. El problema de la vulneración a los pueblos indígenas es la superposición de las áreas naturales protegidas en las comunidades nativos. Eso ha generado conflictos porque ahorita en la actualidad han sacado lineamientos donde ignoran esto y el problema más grande es la seguridad jurídica. La geografía no está a nuestro favor porque la mayor parte son propiedades para áreas forestales”
Para Marisol García, lideresa Kichwa, su antigüedad en esta región debería bastar para ser reconocidos como dueños de las tierras por eso luchan para hacer valer su derecho ancestral y que el gobierno les dé certeza jurídica.
“Somos más antiguos que la Constitución política, hemos llegado a esta tierra antes que cualquier legislación incluso, por eso tenemos derecho”.
Acechados por el narcotráfico
El abandono de las autoridades también incrementó las actividades ilegales. Dos de las comunidades más afectadas por la deforestación y los cultivos de coca son Santa Rosillo de Yanayacu y Anak Kurutuyacu.
Los traficantes de madera ingresan a las comunidades con maquinaria para derribar los árboles y explotar las especies como caoba, ishpingo o cedro con total impunidad. Estos delitos han sido denunciados ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas, pero las autoridades desechan las quejas por temor al crimen organizado.
Los problemas se agudizan cada vez más en los pueblos indígenas. El año pasado, los comuneros de Santa Rosillo identificaron cerca de 10 hectáreas de cultivos ilegales en su territorio y, a inicios del 2021, confirmaron el hallazgo de una pista de aterrizaje clandestina.
Por ello, sus integrantes decidieron formar grupos para vigilar y expulsar a los madereros de sus territorios. Esta autodefensa de sus comunidades los ha llevado a una confrontación directa con miembros del narcotráfico.
A pesar de poner en riesgo sus vidas son conscientes de que no tienen otra alternativa.
“Hay sicarios armados que no nos dejan pasar, andar libremente por nuestros territorios, nosotros peligramos, si nosotros hablamos somos víctimas para ello. Es lo que espera el Estado, que nos maten. Hay pocas personas que defiende así, hay pocas sabemos que verdaderamente dedican, no tienen miedo de morir, por defender una causa justa que es los bosques… Nosotros no nos vamos a callar, si es que nos matan, pues nos han de matar, pero luchando por una causa justa”.
Para la especialista de la Coordinación Nacional de Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, el Estado es la clave para revertir esta situación que daña al ecosistema y que está acabando con indígenas y defensores ambientales.
“En estos momentos, quienes están en mayor riesgo son los indígenas amazónicos y ambientalistas que operan en esta zona del país. Sin duda la responsabilidad directa es de los taladores, el narcotráfico, pero no podemos dejar de lado la responsabilidad del Estado, es una negligencia. Han entregado las tierras indígenas a personas de otras zonas”
También se ha detectado que el crimen organizado aprovecha la falta de alimentos y medicamentos en la región para lograr acuerdos con las poblaciones vecinas para que acepten el cultivo de coca a cambio de dinero.
Ante este panorama, Marisol García Apagüeño creó un emprendimiento de cacao orgánico e impulsa la fabricación de artesanías para evitar que los pueblos kichwa cedan a las presiones del narcotráfico.
Además, desde su radio comunitaria, sigue informando sobre los logros de las 14 comunidades que representa y los abusos que comenten en contra de ellos. Sus palabras son directas, no se calla, no tiene miedo.
Está convencida que los pueblos resistirán y se podrán salvar de las amenazas porque siempre habrá alguien que defienda los bosques.
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