Actualmente, 15 países, entre los que está Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, cuentan con legislaciones que buscan aumentar la presencia de personas con discapacidad en las empresas, sin embargo, apenas un 8 por ciento cumple con esas medidas.
IMER Noticias
Desaparecer las barreras que enfrentan las personas con discapacidad e incluirlas al mercado laboral podría aumentar entre 2 y 3 por ciento el PIB en países como México, Chile y Costa Rica, asegura un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo.
El estudio “Somos Todos. Inclusión de las Personas Con Discapacidad en América Latina y el Caribe” destaca que a pesar de que la discapacidad ya no se percibe como un impedimento médico, sino como un conjunto de barreras sociales que pueden ser eliminadas, persiste la exclusión de este sector de la población que representa el 13 por ciento de las 629 millones de personas que habitan la región.
¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad?
La tasa de empleo de personas con discapacidad es menor en comparación con quienes no la tienen. Entre mujeres de 24 a 25 años la cifra es el 12 por ciento, mientras que entre hombres es del doble.
Los salarios que reciben las personas con discapacidad también son menores.
Los periodos de desempleo para este sector son más extensos, además de que registran menores tasas de promoción.
¿Qué impide su acceso al mercado laboral?
Los retos que enfrenta una persona con discapacidad al solicitar una vacante son diversos:
-Desconocimiento de los empleadores sobre la diversidad de talentos y la posibilidad de hacer cambios en el entorno laboral para facilitar la inclusión, lo que se conoce como ajustes razonables.
-Falta de un transporte público accesible que facilite su traslado al lugar de trabajo.
-Oferta limitada de programas de formación profesional y capacitación para la adquisición de habilidades que fomenten su confianza y conocimiento sobre el proceso de búsqueda de empleo.
Lo que hay y lo que se puede hacer
En América Latina y el Caribe, 15 países, entre ellos Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú cuentan con legislaciones de cuotas de empleo para personas con discapacidad, que exigen al sector privado integrar un determinado porcentaje de personas con discapacidad a su plantilla laboral.
Los marcos legales son sólidos, pero el porcentaje de cumplimiento es “extremadamente bajo”, dice el informe.
Ante ello, en países como Perú donde el porcentaje de cumplimiento es de apenas el 8 por ciento, se implementó una medida de exhortó a las empresas para aumentar la contratación de personas con discapacidad, lo que tuvo un efecto positivo.
Sin embargo, existen riesgos en que su contratación responda a una obligación y no a una voluntad de inclusión: el estudio advierte que la implementación de cuotas obligatorias puede llevar la creación de empleos con salarios bajos solo para cumplir con la ley.
Para evitar esta situación, el BID recomienda a los gobiernos la implementación de programas que reconozcan la inclusión de la discapacidad a través de incentivos como ocurre en Chile con Sello Inclusivo o el Pacto de Productividad implementado en Colombia que consiste en una alianza público-privada que fomenta la inclusión a través de asesoramiento a empresas.a
