Por unanimidad, la SCJN determinó que el periodo era excesivo y no evitaba los actos de corrupción.
Georgina Hernández
La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el “candado” que evitaba a exfuncionarios trabajar en la iniciativa privada antes de cumplir 10 años fuera del gobierno.
Por unanimidad, el Pleno de la corte invalidó el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Los y las ministras tomaron esa decisión en respuesta a una acción de inconstitucionalidad presentada por cuatro senadores:
- Miguel Ángel Osorio Chong,
- Dante Delgado,
- Miguel Ángel Mancera y
- Emilio Álvarez Icaza
¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte?
Durante el análisis, la ministra Norma Piña Hernández consideró que la medida era desproporcionada con la libertad de trabajo.
Además, no garantizaba la prevención de posibles actos de corrupción de los exservidores públicos.
“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos”.
Al respecto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, consideró que el plazo de 10 años es innecesariamente largo y existen otras medidas más adecuadas.
“No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades ni presentan el mismo grado de riesgo de corrupción”.
Por otra parte, la Corte avaló la propuesta de declarar constitucional la facultad de las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública para agregar nuevas infracciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Con el respaldo de los y las ministras, las dependencias podrán iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
La Corte muestra el camino para aplicar la ley
Además, la Suprema Corte avaló la conformación de un Comité de Evaluación, el cual podrá promover y evaluar las políticas de austeridad en los entes públicos.
Entre otros aspectos, los y las ministras blindaron a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos autónomos frente a esta ley.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena aseguró que las dependencias e instituciones de esos sectores tienen libertad para aplicarla o no.
“El concepto de entes públicos no incluye a los Poderes Legislativo y Judicial, ni a los órganos autónomos”.
Los pendientes
El Pleno de la Corte continuará la discusión de este tema esta tarde para resolver la eliminación de una sección del artículo 61 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Este párrafo señala que los ahorros presupuestarios, producto de la aplicación de medidas de austeridad, serán canalizados al destino que por decreto determine el presidente.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana el 8 de octubre de 2019, con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención.
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