La Suprema Corte definirá si organizaciones ambientalistas tienen interés legítimo para promover amparos o es un derecho sólo para personas físicas.
Georgina Hernández
Defensores del medio ambiente temen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponga en peligro la protección ambiental.
Hoy la Segunda Sala de la Corte votará un proyecto elaborado por la ministra, Yasmín Esquivel Mossa, para aclarar si las organizaciones civiles pueden promover amparos a favor de un medio ambiente sano.
En conferencia virtual, Luis Miguel Cano, asesor jurídico de Greenpeace México, recordó que, en mayo de 2020, la ministra Esquivel Mossa votó en contra de un caso similar.
Esto, bajo el argumento de que no tenía interés legítimo porque la organización no estaba localizada cerca del lugar en donde otorgaron un permiso a una planta de químicos.
“Desde su perspectiva, para tener interés debe existir una afectación cualificada de lo contrario cualquier persona jurídica podría autogenerar un interés legítimo”.
¿Cuál es el problema que discutirá la Corte?
Este miércoles, los y la ministra resolverán una contradicción de tesis de dos Tribunales Colegiados de Circuito del Estado de México y de Ciudad de México por una denuncia que hizo Greenpeace México.
En la primera resolución, uno de los tribunales reconoció que las personas jurídicas o morales tienen interés legítimo para promover un juicio de amparo.
No obstante, el otro tribunal en defensa recalcó que estos recursos sólo pueden ser defendidos por personas físicas.
¿Por qué importa el tema?
Para el asesor jurídico de Greenpeace México, la resolución que tome la Corte podría establecer jurisprudencia obligatoria para todos los juzgados y tribunales del país sobre la posibilidad de que organizaciones ambientalistas defiendan el medio ambiente con recursos legales.
También definiría un parámetro respecto del Máximo Tribunal y su actuar conforme a precedentes, pues en mayo de 2020, la votación estuvo dividida de 3 a 2.
Luis Miguel Cano puso la confianza de las organizaciones ambientales en los ministros Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, pues han defendido en otras ocasiones este derecho.
“Por su trayectoria como abogada internacionalista, se tiene confianza en que apoye un proyecto que cumpla con los compromisos derivados del Acuerdo de Escazú. Más allá de que su nombramiento se haya dado durante la actual administración de gobierno”.
Greenpeace México pidió a la Segunda Sala de la Corte tomar en cuenta el antecedente del Acuerdo de Escazú que entró en vigor de 2021.
Según el documento, México está obligado a garantizar el derecho a un medio ambiente sano en tres vertientes:
- Derecho al acceso a la información.
- A la participación pública.
- Derecho de acceso a la justicia.
#COMUNICADO Acceso a la justicia ambiental pudiera Peligrar en la Suprema Corte.
Mañana es un día importante y debemos estar pendientes. https://t.co/0npdrqXDQk
— Greenpeace México (@greenpeacemx) August 9, 2022
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