Samuel García tiene su declaración con datos de 2016; Adrián de la Garza no ha reportado nada todavía.
Escucha aquí el trabajo especial de la reportera Aura García.
Aura García
La contienda en Nuevo León ha estado marcada por señalamientos entre los abanderados sobre presuntos actos de corrupción y pese a ello hasta ahora sólo dos candidatos punteros tienen pública la información sobre sus bienes y las empresas con las que tienen relación.
Se trata de Clara Luz Flores, de Morena, quien presentó este año en la plataforma estatal habilitada para de la 3 de 3 todos los datos requeridos; y del abanderado de Movimiento Ciudadano, Samuel García, aunque la información que puede consultarse de él está actualizada hasta el 2016.
En tanto, Adrián de la Garza, candidato por el PRI y PRD, y a quienes algunas encuestas colocan en segundo lugar, no ha divulgado estos datos.
De acuerdo con los archivos, Clara Luz Flores recibe actualmente un salario por su cargo público de 72 mil 873 pesos mensuales y no percibe ingresos adicionales a éste, aunque declara que el ingreso neto de su pareja es de 607 mil 873 pesos al mes.
Por otro lado, respecto a su remuneración neta del año pasado por su puesto como servidora pública declaró 734 mil 946 pesos y acotó haber recibido 1 millón 200 mil pesos por otra clase de ingresos no especificados.
En el tema de sus bienes, la ex alcaldesa de Escobedo declara poseer 17 inmuebles que se dividen en ocho terrenos, cinco casas, dos ranchos y dos departamentos, que por su valor de adquisición ascienden a 73 millones 430 mil 389 pesos en patrimonio; sin embargo, el documento detalla que ocho de esas propiedades le fueron donadas por su madre y una por su padre.
Respecto a los vehículos que dice poseer, se detalla que son seis, con un valor de 3 millones 514 mil 800 pesos, de acuerdo al monto de adquisición, entre los que destacan cuatro jeeps y un BMW.
Clara Luz también asentó participación en nueve empresas en los últimos dos años, una de ellas de manera directa, la Inmobiliaria Flores Carrales, y ocho a través de su pareja, quien es socio mayoritario en seis.
A Samuel García le falta actualizar su declaración
Por su parte, Samuel García, aspirante a la Gubernatura por Movimiento Ciudadano, que ha cuestionado la falta de transparencia de sus adversarios y su política al “viejo estilo”, apenas este 10 de mayo adelantó en un evento público que planea actualizar su declaración 3 de 3 antes de que termine el mes.
Precisamente, horas más tarde, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) anunció que investiga al candidato por financiar su campaña con fondos presuntamente ilícitos, así como a su padre, esposa y suegro.
En la página de su partido se pueden consultar los documentos de su declaración, presentados el 20 de abril de 2016, cuando aspiraba a un escaño.
Hasta hace cinco años, el senador con licencia declaró tener participación accionaria en tres empresas: una de servicios legales, otra de servicios fiscales y una más de servicios contables; en las últimas dos sus acciones ascendían al 50 por ciento y para todas desempeñaba funciones de abogado fiscalista con sueldo.
En el documento también declaró poseer una fundación llamada Samuel García, que hasta ese año se hallaba vigente.
Declaró tener sólo dos propiedades, una casa y un terreno, que de acuerdo a su valor de adquisición ascendían a 19 millones de pesos; así como ningún vehículo propio.
Sobre sus últimos ingresos, detalló que como diputado local del Congreso de Nuevo León percibió 273 mil 358 pesos durante 2015, pero recibió por su prestación de servicios profesionales un total de 916 mil 743 pesos adicionales.
Adrián de la Garza, sin 3 de 3
El candidato priista Adrián de la Garza, y a quien la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales también le abrió ayer una investigación por presunta compra del voto, no ha publicado ningún documento reciente con su declaración patrimonial y de intereses.
Y hasta hace un mes dijo que lo haría cuando lo requiera y demande la ley correspondiente; sin embargo, esta información no es obligatoria para los aspirantes y más bien responde a una práctica de transparencia impulsada particularmente desde 2015 por el Instituto Mexicano para la Competitividad.
