JP Morgan y Barclays acordaron pagar 20 millones 700 mil dólares para saldar una demanda por manipular 119 mil millones de dólares en el mercado de bonos del Gobierno mexicano.
Esto, luego de que inversionistas acusaron que las filiales en México de esas instituciones conspiraron con otros bancos entre 2006 y 2017, a fin de maximizar sus ganancias.
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El acuerdo también requiere que ambos bancos cooperen con los demandantes, de acuerdo con su moción de solicitar la aprobación preliminar del acuerdo. El caso consolidado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York es parte de varias demandas que acusan a las principales instituciones financieras de colusión en chatrooms industriales para ampliar la diferencia entre lo que pagan por bonos y lo que obtienen por ellos.
Otros casos similares hacen referencia a 12 billones de dólares en el mercado secundario de bonos gubernamentales europeos, el mercado de 9 billones a 15 billones de dólares para bonos respaldados por instituciones multinacionales, y el mercado de 550 billones de dólares para bonos emitidos por Fannie Mae y Freddie Mac.
La demanda de bonos de México originalmente estaba dirigida a Barclays, Bank of América, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, HSBC, Deutsche Bank, Credit Suisse e ING.
Después de que el juez J. Paul Oetken desestimara el caso en septiembre, los fondos de pensiones lo reabrieron para incorporar los resultados de una investigación realizada por Cofece en México.
La agencia anunció en octubre que su investigación de tres años había resuelto en cargos contra las filiales de Santander, BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America, JPMorgan y Barclays.
La reclamación enmendada, que añadió las reclamaciones contra las filiales de Citi y JPMorgan, solo afecta a entidades con sede en México.
Los bancos le han pedido a Oetken que desestime el caso de nuevo, argumentando que los registros de chat «seleccionados» reflejan sólo «intercambios de información esporádicos» y comunicaciones «que están completamente desprovistos de contexto significativo».
En lugar de citar transacciones específicas a precios amañados, la demanda alega una «conspiración unitaria y extendida» que afecta a cada transacción de bonos del Gobierno mexicano durante una década, según los bancos. Esa es la misma teoría que el juez ya rechazó, dicen.
Posteriormente, los fondos de pensiones modificaron la demanda por segunda vez. La nueva queja incorpora información que obtuvieron de JPMorgan y Barclays, de acuerdo con su presentación.
Los fondos están representados por Lowey Dannenberg, Berman Tabacco, Hausfeld, Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz, Scott & Scott Attorneys en Law, Radice Law Firm, Shepherd y Calcaterra Pollack.
