La extinta PGR utilizó todo a su disposición para investigar a una periodista, una abogada y una antropóloga forense, en un caso que hoy sale a la luz.
IMER Noticias
La extinta PGR abrió una investigación en contra de la periodista Marcela Turati, la abogada Ana Lorena Delgadillo y la antropóloga forense argentina Mercedes Doretti como sospechosas de delincuencia organizada y secuestro, en el caso de la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas.
Aunque la masacre ocurrió en 2011, fue cinco años después cuando se empezó a investigar a las tres mujeres, quienes este miércoles revelaron detalles y exigieron cesar la investigación en su contra.
En el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, acompañadas por organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, organizaciones de defensa de la libertad de expresión y familiares de desaparecidos, señalaron que han sido víctimas de espionaje y de un engaño oficial por el que se las ha tratado como integrantes de la delincuencia organizada.
¿Cómo se dan cuenta que las están investigando?
Durante más de cinco años, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, que dirige Delgadillo, peleó en los tribunales para que la PGR revelara información sobre la masacre de migrantes en San Fernando. En mayo de 2021 finalmente la consiguió. Era una copia incompleta del expediente 197/2011, con cientos de tomos y miles de fojas. El equipo empezó a revisarlas una por una.
¿Qué encontraron?
En el tomo 221, que también está incompleto, encontraron que se inició en 2016 una investigación en contra de Turati, Doretti y Delgadillo. Se trató de una investigación que se hizo con mucha celeridad, en la que se realizaron exámenes grafológicos, se revisaron sus archivos personales en la Secretaría de Relaciones Exteriores y se pidieron registros telefónicos de las tres con su respectiva geolocalización.
¿Por qué empezaron a investigarlas?
Porque presuntamente, una persona, familiar de una de las víctimas, las señaló. La Unidad de Delincuencia Organizada le tomó la declaración. Delgadillo desconoce si obtuvieron la declaración mediante coacción o amenaza, pero a partir de ahí es cuando se inicia una investigación ilegal en contra de las tres.
¿En qué va la investigación?
No lo saben a ciencia cierta, pues sólo tienen una parte de toda la información; por ejemplo, faltan anexos, faltan discos compactos con información. La autoridad dice que ya les dio todos los tomos, pero no saben exactamente qué es lo que tienen todavía acerca de ellas.
¿Qué están pidiendo?
El cese de la investigación. Señalan que el actuar de la autoridad en su contra es claramente una violación a la libertad de prensa, al derecho a la representación legal y al derecho a una investigación forense independiente.
¿Qué dice Ana Lorena Delgadillo?
“Ojalá al crimen organizado y al Estado coludido con el crimen organizado los investigaran con esa celeridad, ojalá que cuando las familias tienen desaparecidos y llevan los celulares ojalá así hicieran las cosas. Aquí hubo una manipulación, un engaño oficial, porque ellos dijeron que nosotras somos criminales y eso es falso. Nos hemos dedicado, cada una, a buscar justicia y que exista el derecho a la información y a la verdad. Nos trataron como si fuéramos integrantes del crimen organizado”.
¿Qué dice Marcela Turati?
“Queda claro que en este país es más peligroso investigar un crimen que cometerlo. Esto ya no es sólo Pegasus, esto es todo el aparato para tratar de acosar judicialmente, para tratar de censurar, para tratar de intimidar, para coartar la libertad de expresión y es un intento de golpe al corazón del periodismo de investigación. En un país donde hablar cuesta la vida, lo que los periodistas podemos garantizar a las fuentes es mantener su identidad oculta y es un derecho de la gente que quiere hablar, pero aquí lo que intentaron hacer fue vulnerar y atacar la intimidad y los derechos, las libertades que tenemos los periodistas o que deberíamos tener”.
¿Qué dice Mercedes Doretti?
“Esta denuncia pública que hoy hacemos no es fácil, pero está dedicada a todos los defensores de derechos humanos, a todos los familiares de desaparecidos y en mi caso, especialmente, a todos los forenses. Que nunca más un forense sea criminalizado por estar haciendo su trabajo”.
