El gobierno federal promete acceso total a los expedientes de Estado y los lugares civiles y militares donde se cometieron las violaciones a derechos humanos entre 1965 y 1990.
Adriana Esthela Flores
Cincuenta y seis años y diez sexenios después, familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas durante el periodo de la Guerra Sucia atestiguaron la creación de una comisión de la verdad que buscará tener acceso a los archivos históricos e impartir justicia para los responsables de estos actos.
Desde Chihuahua, donde fue ejecutado el cura Miguel Hidalgo, considerado el primer defensor de derechos humanos en la historia del país, autoridades federales, estatales y activistas instalaron la Comisión para el Acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia por violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que la herida ha permanecido abierta durante años y se había mantenido silenciada.
“Durante muchos años, las violaciones a derechos humamos fueron sistemáticamente negadas. A las víctimas, a los sobrevivientes, a familiares de víctimas no sólo se les negó el acceso a la justicia, sino también se les negó el reconocimiento de sus memoria, sus historias y pretendieron ser al olvido y estigmatización institucional”.
¿Cuál es la base de la comisión?
Alejandro Encinas detalló los cinco instrumentos que formarán parte de la comisión y que deberán presentar resultados el 30 de septiembre de 2024: un comité de personas expertas para el esclarecimiento histórico; un comité de impulso a la justicia; un programa especial de búsqueda de personas y otro para la reparación del daño y compensación, así como la construcción del Centro Nacional de Memoria.
Ante el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval y el de Marina, Rafael Ojeda, Encinas prometió a las comisiones investigadoras que tendrán acceso a los archivos de la Secretaría de Gobernación, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y de las secretarías de Marina, Defensa y Seguridad Pública, así como a los lugares civiles y militares donde se cometieron los abusos del Estado.
El representante del comité de expertos, Abel Barrera, reconoció este compromiso, pero advirtió que muchas estructuras de aquel periodo de represión siguen en el gobierno.
No es un favor, es una deuda
Tita Radilla, hija del profesor Rosendo Radilla, detenido desaparecido en 1974 durante un retén militar en Guerrero, dejó en claro que la comisión no es un favor ni una concesión, sino una deuda para miles de hogares que sufren la ausencia de las víctimas.
“A lo largo de 50 años, experimentamos el desprecio, el azote de puertas, el bostezo, la burla, la simulación, la inactividad y un largo etcétera de las peores prácticas gubernamentales. Cambien la historia de lo que parecerá ser nuestro destino: busquen resultados como si cada caso, testimonio, cada expediente fuera de un familiar suyo”.
Por ello, al reconocer que sus historias y exigencias han sido escuchadas, pidió al gobierno apoyar a la comisión, garantizar el presupuesto y recursos materiales y humanos para las búsquedas, la apertura de archivos, la reparación integral del daño del año e investigar y consignar a funcionarios civiles y militares que participaron en los hechos.
El trabajo abarca 250 expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República, en los que se deberán abordar nuevas líneas de investigación; también habrá que ordenar cinco millones de fichas y casi 180 millones de fojas de investigación sobre los abusos cometidos dentro de la estrategia de violencia contrainsurgente: detenciones arbitrarias, prisión política, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura.
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su gobierno apoyará a la comisión con todo lo necesario y afirmó que la política de derechos humanos será distinta.
Instalación. Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a DDHH 1965-1990. https://t.co/d1Y3pWd6K8
— Gobierno de México (@GobiernoMX) December 10, 2021
