Al cumplirse seis años del caso Ayotzinapa, autoridades federales informaron que hay órdenes de aprehensión en contra de militares, así como indicios de desvíos de recursos en la extinta PGR y señalamientos sobre hechos de violencia simultáneos a la desaparición de los 43 jóvenes.
Redacción / IMER Noticias
Un presunto desvío de 1,000 millones de pesos de la extinta Procuraduría General de la República, ocultamiento de asesinatos y desapariciones simultáneas a la desaparición de los 43 normalistas, así como órdenes de aprehensión en contra de militares son las novedades en la investigación a seis años del caso Ayotzinapa.
Al presentar el informe de los avances de la Fiscalía General de la República, su titular Alejandro Gertz Manero acusó que durante su encargo en la Agencia de Investigación Criminal, Tomás ‘N’, quien estuvo a cargo de la investigación, desvió recursos del erario con la anuencia de autoridades federales.
“Se robó más de 1,000 millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República, que sustrajo con varios cómplices, de manera fraudulenta, dentro de la Institución, y con la anuencia de sus superiores, como pago por sus infamias”
El exfuncionario habría sido protegido por la dependencia que en su momento puso a su disposición cerca de 50 agentes de la policía y el aparato administrativo para facilitar el “saqueo” de recursos, acusó el fiscal.
Actualmente ubicado en Israel, Gertz Manero dijo que han pedido al gobierno de ese país su apoyo para que Tomás ‘N’ sea enviado a México y que pueda hacer frente a la justicia por los actos de tortura y violaciones a derechos humanos en las que habría incurrido.
80 asesinatos y desapariciones fuera del rádar
La noche del 26 de septiembre, además de la desaparición de los normalistas, en Iguala habrían ocurrido de manera simultánea masacres y desapariciones que no fueron investigadas por las autoridades a pesar de contar con los indicios, aseguró Gertz Manero.
“Hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala, por los diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales, en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos, a lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes”
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República
Estos hechos habrían sido conocidos a través del sistema de comunicación “C4”, el cual debió registrar las detenciones ilegales, así como los traslados a centros donde se habrían realizado las torturas.
Sin embargo, tanto cámaras como radios dejaron de funcionar, lo que implica una responsabilidad que no quedará impune, aseguró el fiscal.
“El Gobierno anterior, -desde la cúspide del poder, hasta los operadores más elementales-, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar, con impunidad y con escándalos mediáticos, una trama que ahora se ha logrado exhibir en toda su crudeza y realidad”, expresó.
Hay órdenes de aprehensión contra militares: AMLO
Después de que María Zeferino en representación de los padres de los jóvenes normalistas pidió al presidente conocer el papel que jugó el Ejército en los hechos de Iguala, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya hay órdenes de aprehensión en contra de militares aunque sin especificar detalles.
Previamente, en su informe como presidente de la Comisión Especial por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que se han puesto a disposición del Ministerio Público a todos los elementos del 27 batallón para que rindan su declaración.
Como parte de las investigaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional también entregó a la Fiscalía General todo lo relacionado a las actividades de dicho batallón, así como del 35, a petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes. Esto incluye bitácoras, informes, videos y órdenes de operación.
80 detenidos y 70 órdenes de aprehensión en curso: Encinas
Integrantes de grupos criminales, ex policías federales y locales, así como agentes del Ministerio Público federal se encuentran entre los 80 detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó Alejandro Encinas, presidente de la Comisión por la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
Del total de detenciones 34 se registraron desde el mes de marzo a la fecha, periodo en el cual fueron liberadas 70 de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas por las autoridades federales.
“En este gobierno no se encubrirá a ningún funcionario público, destacan las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial y de Alicia Bernal Castilla, ex ministerio pública, encargada de “legalizar” la llamada verdad histórica”
Alejandro Encinas, presidente de la Comisión por la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa
Una vez más, Encinas lamentó el actuar de jueces que han dejado en libertad a presuntos perpetradores de los ataques contra los normalistas.
Entre estos mencionó al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ha dictado la libertad de 77 personas.
Sobre estos casos, Encinas reconoció que si bien sus declaraciones fueron obtenidas a partir de actos de tortura, se debió reponer el procedimiento sin dejar de lado su responsabilidad en los hechos.
“En este caso, el juez no fincó ninguna responsabilidad a los presuntos torturadores, privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia que deben gozar las víctimas, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación”, dijo.
Encinas también mencionó los casos de los jueces, Gabriel Domínguez Barrios, quien dejó en libertad a Marco Antonio “R”, a cambio del pago de una multa de 10 mil pesos, así como el del secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo del Edomex, Marco Aurelio González, quien recibió un soborno con el que pretendía otorgar la libertad a Ángel C., quien se encontraba prófugo desde 2015, un hecho que no se concretó.
