La SCJN invalidó la prisión oficiosa por delitos fiscales, una figura que el año pasado permitió recuperar 500 mil mdp de grandes deudores y combatir la evasión fiscal.
Escucha la entrevista completa con la titular del SAT, Raquel Buenrostro.
IMER Noticias
México dejará de percibir impuestos anuales por 500 mil millones de pesos, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la prisión preventiva oficiosa contra delitos fiscales, señaló la jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.
La resolución que declaró inconstitucional algunas modificaciones legales afecta a la nación, dijo la funcionaria, y debilita la capacidad del SAT para combatir la evasión fiscal, el robo de identidad y el lavado de dinero a través de empresas fantasma y “factureras”.
También previó que se caigan las investigaciones por delitos fiscales contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga o el de Juan Collado o Emilio Lozoya.
¿Qué aprobó la SCJN?
Que se deje de aplicar la prisión preventiva oficiosa, es decir, en automático, cuando se investiguen delitos como contrabando, defraudación fiscal y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Con ocho votos de ministras y ministros se declararon inconstitucionales los cambios que se habían realizado en 2019 a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.
¿Qué argumentaron?
Que imponer la prisión preventiva oficiosa atenta contra los derechos humanos y que esa es una medida cautelar que no debe ser aplicada en automático, sino sólo cuando existe riesgo comprobado de que la persona evadirá la acción de la justicia o afectará la investigación.
¿Qué dice el SAT al respecto?
Su titular, Raquel Buenrostro, dijo que esta decisión hará que los contribuyentes no paguen sus adeudos, que la delincuencia organizada siga lavando dinero y que algunos casos que se persiguen no prosperen.
Estas son sus palabras:
“Estamos completamente en desacuerdo con la resolución. Lo que hará es que el contribuyente empiece a patear todos los adeudos hasta que termine esta administración y quizá otra administración tenga más condescendencia con ellos”.
“En el caso de delincuencia organizada, tenemos a todas las empresas fantasmas y factureras, que no sólo generan facturas para acreditar mayor gasto, sino que ahí está todo el lavado de dinero”.
“El caso de Álvarez Puga, de Inés Gómez Mont, de Collado, de Lozoya, de García Luna, todos esos se van a caer. Y por la cantidad de dinero que tienen, se van a desaparecer y no van a regresar el dinero ni van a pagar y van a quedar impunes”.
“Apoya directamente a la impunidad. Se está dando carta blanca a impunidad. No es que afecte al fisco, afecta al país. Esa medida nos dio en 2020 500 mil millones de pesos. Eso es lo que va a dejar de recibir el país al año por haber declarado inconstitucional la penalización. Eso cuesta al país, 500 mil millones de pesos y ese es el tamaño del conflicto de interés.
¿Por qué habla de conflicto de interés?
Raquel Buenrostro reveló que algunas de las personas que promovieron la acción de inconstitucional, y que pertenecen al Senado y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están investigadas por delitos fiscales.
“Sí es delicado. De hecho, entre los promoventes que presentaron todo a la Suprema Corte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y muchos senadores del PRI y del PAN, en ese listado hay gente que está investigada por esos delitos, hay conflictos de interés”.
La funcionaria no reveló nombres.
¿Tiene el SAT una vía alterna?
Buenrostro dice que el equipo de abogados está analizando el caso y que habrá una reunión en el Poder Ejecutivo para buscar alternativas, pero por lo pronto deben acatar el marco jurídico.
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