Un militar fue condenado a 20 años de prisión y destitución del cargo por el delito de tortura sexual en contra de Inés Fernández Ortega, una mujer de la comunidad indígena Me’phaa de Barranca Tecoani.
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Gynna Hernández
Después de casi 21 años de lucha, Inés Fernández Ortega, una mujer de la comunidad indígena Me’phaa de Barranca Tecoani derrotó al poder militar.
El pasado 1 de marzo el Tribunal Segundo de Distrito de Guerrero sentenció a 20 años de prisión y destituyó a Hugo Humberto García de León, como sargento segundo de infantería del Ejército Mexicano por los delitos de tortura, violación, robo y allanamiento de morada cometidosen contra de Inés.
El caso de Inés
El 22 de marzo de 2002, 11 militares entraron a su casa y la agredieron sexualmente. Desde entonces inició una lucha con el Ministerio Público del municipio Ayutla de los Libres, en donde no creyeron en su versión.
Inéstampoco recibió el apoyo de su comunidad. No la apoyaron porque las personas le tenían miedo a los elementos castrenses que continuaron acudiendo a la zona para destruir todo lo que la gente tenía en sus huertas. Incluso, la gente le decía que ya no continuará con la denuncia por temor a más represalias.
“A pesar de todo esto yo continué con mi lucha. Aquí en México el gobierno no me quiso hacer justicia, al contrario, yo recibí muchas amenazas. Cuando estaba a punto de ir a una audiencia a la Comisión Interamericana mi esposo Fortunato fue golpeado.
Mi hermano Lorenzo siempre me dijo que yo continuara luchando en todos estos años. A él lo mataron. Hasta ahorita no sabemos qué fue lo que pasó. Nadie investigó su caso, nadie investigó quién lo mató. Mis hijos en todos estos años han sido hostigados, amenazados, han crecido con miedo. A pesar de todo esto yo he continuado luchando porque quiero justicia”.
Corte Interamericana declara al Estado mexicano como responsable
Debido a la impunidad que existió desde el inicio para tener acceso a la justicia, Inés recibió el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan“.
El 14 de junio de 2004, presentó una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seis años después, el 30 de agosto de 2010 declaró que el Estado mexicano resultó internacionalmente responsable por la violación de diversos derechos humanos en perjuicio de Inés Fernández Ortega.
“Estos años de lucha han sido muy difíciles para mí como mujer. Ha sido de mucho sufrimiento. Porque he tenido que caminar. Siempre he contado con el apoyo de mi esposo y de mis hijos. Mi esposo nunca me dejó, siempre me acompañó a todos los lugares que iba. Fue difícil porque como mujer tuve que luchar en condiciones muy adversas. Para poder luchar tuve que dejar a mis hijos, a mi hija Noemí, que tenía en ese tiempo nueve años, la tenía que dejar a cargo de sus hermanitos para que yo pudiera salir y exigir justicia”.
La responsabilidad del Ejército
Al respecto, el abogado Vidulfo Rosales sostuvo que la relevancia de la sentencia dada a conocer este miércoles es que es el segundo caso que logra una sanción efectiva y concreta contra un elemento del Ejército Mexicano. el primero fue el de Valentina Rosendo Cantú. Esto, dijo, en un contexto en donde existe un debate sobre si las Fuerzas Armadas deben tener más facultades para realizar tareas de seguridad pública.
“El caso de Inés Fernández Ortega nos mostró qué es lo que ocurrió cuando al ejército mexicano se le dio facultades para realizar tareas de seguridad pública. Se cometió una tortura sexual contra una mujer. Se complicó la vida de Inés, Inés se vio enfrentada a una serie de amenazas. Hubo una afectación no solo a ella, sino a toda la comunidad. Hubo daños que la comunidad sufrió producto de una incursión militar que realizaba el ejército mexicano realizando tareas de seguridad pública. Ojalá el caso de Inés Fernández Ortega pueda ilustrar, abonar a este debate”.
¿Qué pasó con los otros militares que participaron?
En total, once militares participaron en la agresión contra Inés. Ella logró identificar a dos, que fueron contra los que se libraron las órdenes de aprehensión: Hugo Humberto García de León, quien ya fue sentenciado a 20 años de prisión, y Salvador Aguilar Montañes, quien murió tras participar en una riña en el penal militar.
Faltan nueve. Inés externó que a ella le hubiera gustado que la sentencia contra el ahora exmilitar fuera de más años y también manifestó su molestia debido a que en México no los han investigado. A pesar de que se ha comprobado que ella ha dicho la verdad desde hace casi 21 años.
No obstante, sostuvo que dejaría su caso en manos de las autoridades y de la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado para que continúen con las indagatorias. En el marco de este 8 de marzo, concluyó así su mensaje.
“Yo ya no quiero que otra mujer sea víctima de agresión por parte de militares. Esto no es justo, no es justo lo que nosotras como mujeres indígenas tenemos que enfrentar para encontrar justicia. Yo no quiero que otra mujer viva esto, que sus hijas, que mis hijas enfrenten una situación como la que yo viví. Por eso hoy 8 de marzo quiero decir que una mujer Me’phaa le ganó la batalla al poder militar”.
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