El Instituto Nacional Electoral debe continuar con la consulta para la revocación de mandato, estableció el Tribunal Electoral, que revocó el acuerdo del INE para posponer este ejercicio. Resolvió que el Instituto solicite a la Secretaría de Hacienda recursos adicionales para llevarlo a cabo.
Claudia Téllez
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del INE que posponía temporalmente algunas actividades del proceso de revocación mandato por insuficiencia presupuestal.
Ordenó al órgano electoral realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para continuar con la organización de esta consulta en los plazos previstos y en su caso gestionar ante la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal.
Los magistrados precisaron que se vincula a esta dependencia porque, como parte del Estado mexicano también está obligada a proveer lo necesario para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.
El magistrado ponente, Alfredo Fuentes Barrera precisó que se vincula a la dependencia para coadyuve aun dentro de la perspectiva de austeridad, disponibilidad y eficiencia presupuestal.
“En caso de que así se considere por parte del INE de realizar una solicitud de ampliación del presupuesto, vincular a la SHCP con la finalidad de que dé una respuesta fundada”.
El magistrado, Felipe de la Mata Pizaño destacó que la secretaría de Hacienda debe responder a la brevedad a la solicitud del INE.
“Responder a la brevedad porque la revocación de mandato tiene plazos sobre su realización, debe responder de manera fundada, pormenorizada y completa esta petición. Se está en presencia de una obligación del Estado mexicano”
El presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez dijo que, esta resolución, genera un equilibrio porque se reconocen las facultades y obligaciones del INE y además, se vincula a la Secretaría de Hacienda como autoridad competente para generar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos.
“También se vincula a la SHCP como la autoridad competente para gestionar los recursos adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos”
Los magistrados coincidieron que el INE no tiene facultades para posponer la revocación de mandato bajo el argumento de una insuficiencia presupuestal.
Detallaron que la consulta solo se puede interrumpir cuando no se reúnan las firmas de apoyo equivalentes al tres por ciento del Listado Nominal en 17 entidades.
La magistrada, Mónica Soto destacó que la insuficiencia presupuestal no es motivo para paralizar este proceso.
“La única hipótesis para que la autoridad electoral administrativa pudiera interrumpir el proceso de la revocación de mandato es que la revisión del informe concluyera que no se cumplió, por ejemplo, con el porcentaje de firmas de personas equivalentes al 3% de las inscritas en la lista nominal”
Los magistrados señalaron que la Sala Superior puede resolver sin invadir la esfera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de las controversias que se han presentado sobre el tema.
Desecharon los recursos promovidos por ciudadanos y por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra del acuerdo del INE que posponía temporalmente la revocación de mandato, por carecer de interés jurídico.
Los argumentos del INE
El INE ha señalado que requiere poco más de 3 mil 800 millones de pesos para la realización de la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril.
Ante el ajuste de 4 mil 913 millones de pesos a su solicitud de presupuesto en la Cámara de Diputados, el órgano electoral ajustó su presupuesto para 2022.
Detalló que sumando las reducciones por 445.4 millones de pesos al Presupuesto Base y a la Cartera Institucional de Proyectos; 830.5 millones, asignados por los diputados y 227.1 millones de una meta de ahorro; tienen mil 503 millones de pesos, lo que resulta insuficiente para organizar este ejercicio.
Precisó que, pese a este esfuerzo, aún les faltarían 2 mil 327 millones de pesos para un ejercicio que es similar a una elección presidencial y en el que se instalarían más de 161 mil casillas.
Los consejeros han señalado que no tienen recursos, ni para la capacitación.
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