El Consejo General del INE aprobó los lineamientos para regular y fiscalizar a los aspirantes a la candidatura presidencial y los procesos políticos en los que participen.
Aura García
El INE aprobó ayer por unanimidad los lineamientos para fiscalizar y regular los procesos políticos en los que participan aspirantes a la candidatura presidencial tanto en Morena y sus aliados, como en la oposición, y entre las nuevas reglas se estipula que el Instituto podrá ordenar el retiro de propaganda -dígase bardas, espectaculares o anuncios del transporte público- que contengan elementos de naturaleza electoral.
Los criterios fueron redactados en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y además establecen que el tope de gastos por persona inscrita no debe superar los 34 millones de pesos, cifra que le pareció excesiva a algunos Consejeros, particularmente porque aplica a cada aspirante y no al partido postulante.
El proyecto de acuerdo avalado en los últimos minutos del día prohíbe estrictamente el uso de recursos públicos y el uso de prerrogativas en radio o televisión para la difusión de los procesos políticos. Y puntualiza que los partidos sólo podrán difundir en este periodo propaganda genérica relativa a sus actividades permanentes.
Sobre la fiscalización se precisa que será expedita y especializada y que tendrá como fecha de inicio la publicación del acuerdo o convocatoria correspondiente. El partido guinda intentó frenar esta disposición y propuso que los recursos únicamente fueran comprobados a partir de la aprobación oficial de estos lineamientos; sin embargo, no consiguió respaldo.
Fin a publicidad desmedida
De hecho, el representante de Acción Nacional, Humberto Aguilar, celebró que gracias a esta nueva disposición, por fin, se ponga un límite a la publicidad desmedida y onerosa de Morena y se empareje la cancha.
Otro punto por el que abogó Morena fue para que las reglas del juego impidieran a los servidores públicos participar e inscribirse en el proceso político respectivo. El representante del poder legislativo de este partido ante el INE, Hamlet García, incluso recordó que algunos de los aspirantes al Frente Amplio son servidores que por la naturaleza de su encargo tienen acceso a recursos humanos y económicos.
Y urgió a las y los Consejeros a considerar este factor de diferencia que puede incidir en la contienda.
Lo único que logró el morenista es que se añadiera un párrafo que advierte a los funcionarios que no deben abusar de su poder y vulnerar la equidad al valerse de su posición política.
La Consejera Carla Humphrey explicó la decisión de no obligar a los aspirantes a renunciar a su cargo, puntualizó que ese tema se deja a jurisdicción de los partidos políticos y refirió que ni siquiera para buscar una precandidatura es indispensable este requisito.
Falta de compromiso con la ley
No obstante, los lineamientos también incluyen una prohibición para que los servidores públicos, de cualquier rango, incluido el presidente de la República, se pronuncien sobre los participantes de este procesos políticos o los partidos convocantes.
En general, la mayoría de las y los Consejeros aplaudió la nueva disposición y celebró que se adapte a la realidad política de este tiempo. Sin embargo, la Consejera Claudia Zavala y su colega Jaime Rivera reconocieron que los lineamientos únicamente responden a la falta de compromiso que tienen los actores políticos con la ley.
Rivera admitió que la autoridad electoral fue incapaz de frenar las acciones al margen de la legalidad, impulsadas por los partidos y de las que la ciudadanía fue testigo, pero se conformó con que las reglas aprobadas impidan que se siga vulnerando la neutralidad.
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