Fue presentado un estudio sobre el funcionamiento del sistema judicial, que reveló que la impunidad creció 2.4% entre 2019 y 2020.
IMER Noticias
El estudio “Hallazgos 2020”, de la organización México Evalúa, que estudia el funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio, reveló que la impunidad el año pasado fue de 94.8% y que la prisión preventiva oficiosa, señalada como una práctica que muchas veces atenta contra los derechos humanos, creció 21%.
Incluso la impunidad el año pasado fue mayor a la reportada en 2019, cuando el promedio fue de 92.4%.
De acuerdo con Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, la confianza en las autoridades no mejora y desde el lado de las víctimas del delito el 14.2% prefirió no denunciar por esta razón.
Además, entre los imputados se observó que 2 de cada 10 personas padecieron una detención ilegal y ello permitió que los procedimientos iniciaran con anomalías.
Esta es la octava ocasión en que la organización evalúa el sistema de justicia penal en México. Los resultados fueron presentados este martes.
9 datos clave que debes tener en cuenta
1. Sistema de Justicia Penal no consolidado
Aunque hace cinco años entraron en vigor en México las reformas al sistema de justicia penal, su consolidación aún es prematura y se vio afectada en 2020 por la contingencia sanitaria de covid-19 y el aumento en la incidencia delictiva, principalmente en homicidios y violencia contra las mujeres, así que el camino todavía es muy largo.
2. Los pocos avances a nivel estatal
Aunque algunas entidades han realizado esfuerzos para avanzar en el sistema penal acusatorio, otras muestran tendencia hacia el estancamiento, como Morelos y Zacatecas que incluso han cancelado las instancias creadas para este efecto. México evalúa ha puntualizado que “si fortalecemos la reforma del sistema a nivel estatal, en algún momento tendrá impacto en el orden federal”.
3. Servicios periciales rebajados
A nivel federal sólo hay 9.7 peritos por cada 100 mil habitantes, lo que ha obligado a cada uno a atender más de 400 casos y, por supuesto, los resultados son bajos: sólo concluyen el 4% de estos.
“Vimos que se fortalecieron las policías de investigación, se fortalecieron los fiscales, pero los servicios periciales quedaron en el olvido y consideramos que esto sin duda alguna está yendo en detrimento de la efectividad del sistema”, dice Chrístel Rosales.
4. No hay presunción de inocencia
26 de cada 100 detenciones son calificadas como ilegales por una persona juzgadora y sólo el 3% derivan en una liberación.
“¿Cómo puede hablarse entonces de presunción de inocencia si no estamos garantizando estos elementos mínimos? Y recordemos que 4 de cada 10 personas encarceladas están esperando una sentencia”.
5. Aumento de la prisión preventiva
El estudio ha encontrado un incremento de hasta 21% en el uso de la figura de prisión preventiva que, aunque no se trata de una sanción sino de una medida para evitar riesgos, ahora hay muchas más personas en prisión que están esperando a que se resuelvan su caso y que se sepa si son culpables o inocentes.
6. Ausencia de políticas de procuración de justicia
Un común denominador en los hallazgos de año con año es que existe una ausencia de políticas que integren elementos de seguridad pública con procuración de justicia, lo que se traduce en que el 78% de las entidades no realice una planeación que busque articular los roles de las distintas instancias del sistema de justicia y en más del 60% no existen las planeaciones anuales para cumplir objetivos.
7. Justicia alternativa subutilizada
Uno de cada dos casos recibe respuesta ministerial y aunque podrían ser resueltos mediante mecanismos alternativos de justicia, esto no ocurre.
“Si bien sabemos que existen los mecanismos alternativos, la llamada otra justicia, que está mucho más encaminada a la reparación del daño, a la restitución de los derechos, incluso al perdón por parte de los ofendidos, lo que estamos observando es que del 30% de los casos que podrían ser resueltos que podrían ser resueltos por esa vía sólo el 6% se está resolviendo de dicha forma. Es un factor subutilizado y que está en el ADN de este sistema”.
8. Justicia ciega al género
“Estamos viendo una aplicación de la justicia que está sumamente cargada por roles, estereotipos y por prejuicios sociales”, advierte Chrístel Rosales. El estudio revela que las mujeres son más presionadas a declarar bajo amenaza de hacer daño a sus familias, se les informa en menor medida sobre sus derechos y sufren más violencias en el momento en que enfrentan a la justicia.
9. Derechos para víctimas
Las personas víctimas e imputadas de algún delito ven imposibilitado el acceso a las investigaciones, lo que dificulta su participación en el proceso; además, los centros de atención a víctimas no cuentan con modelos que garanticen la atención digna durante todo el proceso.
Aunado a esto, el congestionamiento en las fiscalías y el uso alto de archivo temporal vuelve prácticamente nulo el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la verdad.
Entrevista
Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, concedió una entrevista a IMER Noticias en la que amplía la explicación del estudio correspondiente al año pasado.
Puedes escucharla aquí:
Con información de Aura García.
