Activistas pidieron a los gobiernos de la región que se respete el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional para la defensa y protección de derechos ambientales.
Natalia Matamoros
Representantes de organizaciones ambientales de Latinoamérica piden a los gobiernos de la región que se respete el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que permite garantizar a la ciudadanía la defensa y protección de derechos en asuntos ambientales, a través del acceso a la información sobre proyectos que amenazan el ecosistema, participación ciudadana y a la justicia.
Karol Sanabria, una de las ambientalistas participantes en el Seminario organizado para destacar la importancia de este acuerdo, manifestó su preocupación por los ataques de los que han sido víctima los defensores ambientales.
“El hecho de que no puedas ejercer el derecho a reunirse y pacíficamente y también a alzar la voz ha generado otros impactos y otras afectaciones a los derechos humanos, entre ellos el desalojo, el desprestigio, la estimación y el acoso el seguimiento. Y la denegación en últimas de derechos económicos sociales y culturales”.
Reveló que solo durante el año 2023 han sido asesinados al menos 177 defensores. El 90 por ciento de estos homicidios fueron cometidos en Colombia, Brasil y México.
Criminalización e invisibilización de activistas
Durante el encuentro, el activista mexicano, Martín López denunció además que la labor de los ambientalistas en México es criminalizada. De hecho, comentó que en una oportunidad pesó sobre él una orden de aprehensión por oponerse a la construcción de un fraccionamiento que generó impacto en la colonia Maya.
La acción no prosperó, gracias a un amparo. También indicó que actualmente los defensores son amenazados y perseguidos por oponerse al levantamiento de tres gasolineras en la zona.
“Iniciaron carpetas de investigación para acusarnos de delitos falsos: secuestro, amenaza de muerte… A mí me dijeron que yo tenía una garrafa de gasolina y que iba a quemar a uno de los operadores de este fraccionamiento, cosa que es falsa”.
Yuly Velázquez, en representación de las poblaciones indígenas de Perú, hizo referencia a la falta de consulta a las comunidades sobre las concesiones entregadas a empresas para la explotación minera y petrolera en la zona de Barranca.
Destacó que mujeres líderes de organizaciones ambientales en ese país sudamericano están desaparecidas por denunciar estas irregularidades.
“Es muy difícil. Somos unas mujeres resilientes, porque tenemos dos opciones: salir del territorio y dejar todo abandonado o realmente seguir luchando para ser escuchadas, para lograr que respeten nuestro derecho a la vida, que respeten nuestro derecho a esta labor que realizamos como defensoras y cuidadoras del agua. Entonces, ha sido realmente muy difícil, muy difícil”.
Los activistas abogaron para que se reconozca y se le brinde mayor participación a las comunidades indígenas en las discusiones de proyectos que afecten el medio ambiente, que se les permita debatir y proponer.
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