En las elecciones del 6 de junio se renovarán una gubernatura, 40 diputaciones, 112 alcaldías, 84 regidurías y 112 sindicaturas.
Conoce la radiografía de Michoacán, de cara a las elecciones de junio.
Adriana Esthela Flores
La violencia dividió a Michoacán. Por un lado, los asesinatos, enfrentamientos, emboscadas, hallazgos de cuerpos y bloqueos realizados por el narcotráfico se han convertido en noticias frecuentes; por el otro, grupos de autodefensas tratan de recuperar algo de paz para la región. En medio queda una población que no ha logrado vivir con tranquilidad desde que inició la llamada “guerra contra el narco”.
Desde entonces, los gobiernos tampoco han abonado a la estabilidad, pues en los últimos 10 años, Michoacán ha tenido cinco gobiernos.
Para Juan José Tena, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestro en Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad del Rey Juan Carlos, el principal reto será garantizar la gobernabilidad en medio de la crisis de violencia.
“Claro que hay mayor estabilidad porque veníamos de un piso muy bajo. En ese sentido se entrega un mejor Michoacán, que en términos de seguridad mejoró pero también estábamos en estado fallido, seguir yendo hacia abajo era imposible era una guerra civil”.
En materia electoral, Michoacán representa todo un desafío: en los comicios presidenciales de 2018 hubo un porcentaje de participación de 58.5 por ciento, que lo ubicaron en el grupo de nueve estados con “abandono de los ciudadanos por algún tipo de decepción hacia el sistema político”. La capital, Morelia, también se ha caracterizado por su alto nivel de abstencionismo.
La baja participación de la población no es el único problema, también su falta de confianza en las autoridades. Según un estudio sobre la corrupción en el estado, siete de cada 10 personas michoacanas cree que el sistema legal y judicial es ineficiente y ese mismo porcentaje no ha denunciado actos de corrupción debido a la impunidad y el temor a represalias. Una situación que explica la permanencia de los grupos de autodefensa.
“Al final tienes que lidiar con esta situación, no se puede tapar el sol con un dedo, negar que ha habido espacios abandonados por parte del Estado y ciudadanos abandonados. A partir de este reconocimiento sería un error permitir que ellos se organicen y defiendan solos».
¿Qué está en juego?
En las elecciones del próximo 6 de junio las y los michoacanos votarán para renovar una gubernatura, 40 diputaciones, 112 presidencias municipales, 84 regidurías y 112 sindicaturas.
Para la gubernatura hay seis aspirantes y está en vilo la séptima candidatura, encabezada por Raúl Morón Orozco, de Morena.
Carlos Herrera Tello, bajo la sombra de cuestionamientos
El cargo más reciente del candidato del PRI, PAN y PRD fue la Secretaría General de Gobierno, en la gestión de Silvano Aureoles, quien también lo invitó a ser aspirante a la alcaldía de Zitácuaro, que finalmente ganó en 2015. El ingeniero y empresario es hijo del ex alcalde de ese municipio, Roberto Herrera. En el 2016, la bancada del PRI en el Senado exigió al gobierno estatal transparentar las licitaciones, adjudicaciones y contratos realizados con las empresas relacionadas con Herrera Tello, ante la sospecha de posibles irregularidades como conflicto de interés, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos.
Mercedes Calderón, la única mujer
La candidatura de la única mujer para la gubernatura de Michoacán está marcada por su paso por varios partidos. Fue alcaldesa de Pátzcuaro por el PAN, después contendió en 2018 por la coalición “Juntos Haremos Historia” y ahora es la abanderada de Movimiento Ciudadano. La licenciada en Administración Financiera ha trabajado en la UNESCO y la OEA y también fue directora del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos de América Latina.
Cristóbal Arias, con antecedentes de violencia machista
La candidatura del aspirante de Fuerza Social por México va marcada por la inconformidad, pues él salió de las filas de Morena, tras señalar que la designación de Raúl Morón fue una imposición. Además, organizaciones feministas exigieron que se le negara el registro, tras admitir que, en marzo de 2005, agredió a su esposa, la entonces fiscal contra la Violencia Intrafamiliar de Michoacán, María Ortega. Según los reportes sobre este hecho, Ortega denunció que su esposo la persiguió afuera de su casa con un cuchillo en la mano, luego de que ella le pidió que dejara de beber.
Hipólito Mora, la candidatura insurgente
El fundador de las autodefensas en La Ruana, en la zona de Tierra Caliente, es el aspirante por el Partido Encuentro Social, con el que busca romper el bipartidismo PRI-PRD que ha caracterizado a la entidad. Estuvo preso dos veces en Estados Unidos por posesión de drogas y fue deportado en 1955. En su lucha como autodefensa se enfrentó con Luis Antonio Torres “El Americano”, en un suceso que dejó 11 muertos. En 2015, el productor agrícola ya había buscado una diputación por Movimiento Ciudadano, contienda que perdió.
Juan Antonio Magaña, la carta del Verde
La carrera del aspirante del Partido Verde está marcada por el ámbito judicial. Ha sido juez, magistrado y presidente del Tribunal de Justicia del Estado y Procurador de Justicia. En mayo de 2005, el Congreso lo citó a comparecer ante el aumento de la violencia en el estado, tras la muerte violenta de varias figuras públicas.
Alberto Abraham Sánchez, a la contienda
El candidato de Redes Sociales Progresistas es originario de la Ciudad de México, pero tiene 14 años viviendo en Morelia. Según el perfil del partido, ha realizado labores de administración y negocios internacionales relacionados a la exportación de productos mexicanos.
Alfredo Ramírez Bedolla, el sustituto de Morón
El diputado local con licencia es el candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, en sustitución de Raúl Morón Orozco, cuya candidatura le fue cancelada por la autoridad electoral al no presentar su informe de gastos de precampaña.
¿Qué necesita Michoacán?
Seguridad.
“En Michoacán no hay política, hay crimen organizado, la red criminal está dentro de los partidos políticos hoy. Yo espero que el nuevo gobernador cambie el rostro porque un delincuente no se mueve si no le dan permiso, el delincuente tiene que buscar un padrino, parte de la delincuencia no son los del norte, no, acá tienen alianzas políticas, otro relaciones públicas. Hay una serie de comandos, uno que lleva las cuenta, otro los sicarios o ejecutores”.
Habla el padre Gregorio López, el “padre Goyo”, quien fue suspendido de su misión sacerdotal en junio de 2020 por el Obispado de Apatzingán debido a “faltas repetitivas y graves” en la administración de los sacramentos.
En 2014, el padre se levantó en armas, junto a un grupo de pobladores, contra grupos delincuenciales; recientemente a su albergue El Buen Samaritano han llegado mil 500 personas desplazadas por la violencia en Aguililla, que no han denunciado su situación ante la Fiscalía, por temor.
Para él, gane quien gane la gubernatura, se enfrentará a un gobierno donde el narcotráfico ha echado raíces. Pero es justamente allí, en el reto de la inseguridad, donde el doctor José Tena ve la clave que definirá al vencedor.
“El ciudadano lo que quiere es vivir en paz, ¿cómo consigue la autoridad esa paz?, no le interesa tanto en eso. Quiere vivir en paz, que no haya extorsiones, secuestros, eso quiere el de a pie, ¿cómo la logra el gobernante? Ya no le entra tanto a ese debate. Quien dé la percepción de que dejará esa tranquilidad obtendrá la ventaja electoral”.
La seguridad es una de las grandes deudas pendientes en el estado donde operan 23 de los 148 grupos criminales detectados en el país entre 2018 y 2019, según el Programa de Política de Drogas del CIDE. Entre estas organizaciones está el llamado Cárteles Unidos (Los Viagras, Caballeros Templarios y la Nueva Familia Michoacana), Jalisco Nueva Generación, Los Reyes y el recientemente descubierto, Los Correa.
De acuerdo con López, el gobierno debe trabajar en tres aspectos centrales para reducir la violencia: la creación de fuentes de empleo, el desarrollo del campo y mantener autodefensas.
“Yo como gobernador me iría a las comunidades, los legalizaría bien a los famosos rurales, hay rurales que son gente del ejercito en el campo, me iría por ahí a organizar a los pueblos, que la seguridad esté en manos de los pueblos, Tomás Moro les llama la policía mixta”.
Oportunidades.
Desde hace dos años, el esposo de Concepción Barrón Gallegos se fue a trabajar al otro lado, a una granja porcina. Aunque es ingeniero agrónomo, sus posibilidades de trabajo en Ecuandureo, un municipio de apenas 12 mil 788 mil habitantes, no le alcanzaban para mantener a su familia, con dos hijos universitarios. Él forma parte de la diáspora michoacana que se ha asentado en varios estados de ese país, como California, Illinois y Texas.
“Mi esposo ha estado en el trabajo, es profesionista, pero cuando en un trabajo no hay para sostenernos vio la oportunidad de migrar y se fue porque no hay trabajo aquí”.
Este es un municipio donde hay más mujeres que hombres. Michoacán se encuentra entre los cinco estados con mayor número de matrículas consulares de mexicanos en Estados Unidos. Para ella, los principales desafíos del gobierno deben ser educación, salud y economía.
“Este año es el primer año que ampliaron las instalaciones porque el que teníamos anteriormente tiene mas de 60 años, ya estaba muy malas condiciones y apenas este año inauguraron una nave, quedó muy bien”.
Derechos Indígenas.
Si hay una palabra que caracteriza a Michoacán entre los demás estados del país, es “rebeldía”. En las últimas décadas, el noveno estado más poblado de México ha sido protagonista de luchas indígenas por la autodeterminación que se han vuelto históricas, como la de Cherán.
Rumbo a los comicios de junio, las autoridades electorales locales prevén que 67 casillas no podrán ser instaladas en zonas indígenas por varios reclamos no atendidos, como el respeto a la autonomía presupuestal y el derecho de autodeterminación de los pueblos. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán exige un presupuesto de dos mil millones de pesos para que las comunidades puedan ejercer sus recursos en beneficio de casi 400 mil habitantes, pero las demandas no han sido resueltas.
“Hubo un retroceso porque el actual gobierno echó abajo la ley de derechos indígenas, desmanteló la Secretaría de Pueblos Indígenas y con eso hablamos de que ha desmantelado lo que ellos llaman políticas publicas, entonces cómo avanzar si va a desmantelar lo que se ha ido construyendo”.
Es Pedro Victoriano Cruz, integrante de la comunidad purépecha. Explica que uno de los reclamos más fuertes es por la destrucción de los bosques debido al “oro verde” que ha colocado a Michoacán en primer lugar mundial como exportador de aguacate y que, sin embargo, ha significado erosión, sobrefertilización, riesgo latente de desertificación y contaminación ambiental.
El gobierno presume que en la última década Michoacán lidera en valor de la producción agrícola, con más de 85 mil millones de pesos con una superficie sembrada de un millón 150 mil hectáreas y 117 cultivos. De los daños, casi no se habla.
“El indígena es para darle vida o imagen a un partido, pero una vez que llega, ya no existe. Es algo, como lo manifiesto, los indígenas en el museo se ven bonitos, pero no les gusta que estén dando lata, es lo que piensa el gobierno”.
Los retos no son fáciles, pero el mayor de ellos es lograr que las más de 3 millones 600 mil michoacanas y michoacanos acudan a las urnas, en un estado en el que las personas han dejado de confiar en las autoridades e instituciones tradicionales.
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