La Auditoría Superior de la Federación acusó “incongruencia” en el combate a la corrupción y la impunidad por parte de la SFP, que mostró resistencias ante el proceso de fiscalización de su desempeño.
Elia Baltazar
Como parte de la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aplicó tres auditorías de desempeño a la Secretaría de la Función Pública.
La más relevante fue la que aplicó a su más importante responsabilidad: el control interno de la Administración Pública Federal (APF) y a sus órganos de Vigilancia y Control. De esta derivaron 42 recomendaciones y una solicitud de intervención del Órgano Interno de Control de la propia Función Pública, con motivo de 8 irregularidades detectadas.
En esta auditoría de desempeño y cumplimiento, el órgano fiscalizador concluyó que en 2019 la Secretaría de la Función Pública tuvo deficiencias en sus responsabilidades de vigilancia de la gestión pública, las buenas prácticas de gobierno, la desregulación, el acompañamiento y la efectiva aplicación de medidas correctivas en las entidades y dependencias.
En este rubro, la ASF también encontró falta de certeza, veracidad y oportunidad de los informes emitidos respecto de los Organos Internos de Control que vigilaron la gestión gubernamental de las entidades y dependencias de la APF.
De acuerdo con el informe, la Función Pública no permitió el acceso del equipo auditor a sus instalaciones y archivos, sus funcionarios se negaron a comparecer y hasta se negaron a entregar información de un expediente de investigación patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaban con esta.
Según el órgano de fiscalización aseguró que la SFP “impidió que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias” a sus funcionarios, argumentando la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria de la pandemia por COVID-19.
Sin embargo, agregó, la SFP sí llevó a cabo actividades de revisión y las mantuvo durante el periodo señalado, en correspondencia y aplicación de los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, durante el ejercicio fiscal 2020.
Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser “incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”.
Ya desde el sábado, durante su intervención ante los diputados de la Comisión de Vigilancia, el auditor superior David Colmenares había acusado la falta de disposición de algunas instituciones para entregar información.
La ASF también cuestionó que en su “Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019”, publicado en febrero de 2020, la Función Pública utilizó un concepto de fiscalización que no se encuentra debidamente fundamentado en el marco constitucional, ni fue emitido de acuerdo con las previsiones operativas del Sistema Nacional Anticorrupción y del propio Sistema Nacional de Fiscalización.
Afirmó que en 2019 la Función Pública “no dispuso de un plan estratégico, programa institucional o documento homólogo en donde se establecieran los objetivos, las metas, las estrategias y las prioridades en el corto, mediano y largo plazos”,
Esto debido a que al cierre del ejercicio su plan sectorial no había sido publicado y, en consecuencia, no existió un documento de planeación institucional sobre el cual la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) vinculara sus actividades de coordinación y dirección de los Órganos de Vigilancia y Control (OVC).
De acuerdo con la ASF, de prevalecer las deficiencias identificadas, la estructura de vigilancia de la SFP estará “lejos de cumplir los objetivos y las metas para los cuales fueron conformados, en términos de constituir uno de los instrumentos para erradicar el dispendio, la frivolidad, la corrupción e impunidad administrativa.
La ASF emitió otras 19 recomendaciones por deficiencias, inercias y omisiones en sus responsabilidades de manejo del Servicio Profesional de Carrera y 8 más por observaciones al ejercicio del programa presupuestal destinado a la Formación de Profesionales de la Administración Pública.
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¿Qué encontró la ASF en las tres auditorías de desempeño aplicadas a la SFP?
Control Interno y Órganos de Vigilancia y Control
En este rubro la ASF encontró falta de certeza, veracidad y oportunidad de los informes emitidos respecto de los Órganos Internos de Control que vigilaron la gestión gubernamental de las entidades y dependencias de la APF.
La SFP tampoco pudo comprobar de qué manera focalizó los actos de auditoría en las áreas proclives a irregularidades administrativas e ilícitos en la gestión pública.
En el caso de los Órganos Internos de Control (OIC), la ASF encontró que su labor se limitó a emitir opiniones de la Evaluación del Estado que Guardó el Sistema de Control Interno de las dependencias y entidades, omitiendo la generación de recomendaciones para mejorar el control interno institucional, situación que contribuyó a que algunas instituciones presentaran retrocesos en el grado de cumplimiento de las normas generales del control interno respecto al 2018.
En el mismo sentido, la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) no aportó evidencia de los mecanismos establecidos para medir y determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias y entidades de la APF.
Esta situación provocó que no se propiciara la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas entre las instituciones federales, ni tampoco el impulso a su papel estratégico de vigilancia y control.
Respecto de los controles establecidos para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos de la APF, se observó que durante 2019 se presentó un total de 575,834 declaraciones patrimoniales, de acuerdo con los registros de la SFP.
Sin embargo, el proceso de fiscalización evidenció que la SFP careció de mecanismos de control eficientes que le permitieran comprobar el cumplimiento de esta obligación, así como la verificación del contenido de la información de las declaraciones.
Esta situación se reflejó en irregularidades como discrepancias en la información estadística presentada en el informe de labores de la Secretaría respecto de las bases de datos, por un total de 21,126 declaraciones.
Por lo que se refiere a las investigaciones de evolución patrimonial de los servidores públicos que la SFP practicó durante el ejercicio 2019, estas ascendieron a 92, lo que representó únicamente el 0.02% del total de las 575,834 declaraciones patrimoniales presentadas. Estas comprendieron a servidores públicos de 35 de las 296 instituciones registradas y 50% se concentró en 5 entes públicos.
La SFP no dispuso de una política, lineamiento o metodología que estableciera las bases y justificara la selección de los servidores públicos sujetos a investigación, no formalizó ni autorizó las técnicas y métodos de investigación.
Esto propició condiciones favorables para la realización de actos de discrecionalidad en la selección de los servidores públicos sujetos a investigación en 2019, ya que 5 de las 10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal. Solo dos se realizaron a petición de instituciones externas a la SFP, y tres fueron sugeridas por el Área de Quejas del OIC y por las Unidades de Responsabilidades (UR).
Las labores de investigación requirieron plazos de realización de 574 días, en promedio, sin que se aportara información respecto a si culminaron en denuncias presentadas, en sanciones a los servidores públicos, o en resarcimientos económicos a favor del Estado mexicano.
La información del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados no fue actualizada desde el ejercicio fiscal 2018, lo que denotó la falta de transparencia, integridad, existencia, veracidad, eficacia y eficiencia en la gestión de las actividades relacionadas a informar sobre los servidores públicos sancionados que incurrieron en faltas administrativas.
Servicio Profesional de Carrera
Encontró “serias deficiencias” en la administración del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, que “podrían poner en riesgo” el cumplimiento de sus objetivos, como garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito.
Empleo de los recursos públicos destinados a la formación de profesionales de la APF
La ASF consideró que la SFP operó el Programa presupuestario “Integración de las estructuras profesionales del gobierno” de manera inercial y sin una gestión por resultados, ya que careció de un diagnóstico actualizado para determinar las necesidades de capacitación y formación en el corto y mediano plazos de los servidores públicos.
