En un acto inédito, en el que familiares de víctimas entraron por primera vez al Campo Militar número uno, inició el plan para que la Secretaría de la Defensa permita la revisión de archivos e instalaciones militares.
Adriana Esthela Flores
Alba Santiago Neváres sintió un nudo en la garganta al hablar sobre las horas que pasó al haber entrado, por primera vez, al Campo Militar número 1 “General Álvaro Obregón”, en el Estado de México.
El lugar, lleno de árboles, avenidas limpias, monumentos de soldados y helicópteros de exhibición, es el mismo donde su madre, Elda, permaneció detenida durante tres meses, en 1979.
Alba tenía solo dos años de edad y su padre, Elín Santiago, integrante de la guerrilla Movimiento de Acción Revolucionaria, había sido asesinado en Coahuila.
El miércoles 22 de junio de 2022, Elda, su madre, entró por segunda ocasión al cuartel militar. Ahora lo hizo por su propio pie, pero al recordar lo que vivió en este lugar, hace 43 años, le cambia el tono.
Junto a ellas, otras mujeres y hombres llegaron por primera vez al campo militar.
El motivo es el inicio de actividades de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, periodo conocido como “guerra sucia”.
Inicio tranquilo y sin contratiempos
Todo comenzó a las 10 de la mañana, en la Glorieta de las Águilas de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.
En el escenario estaban el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo.
En público había más militares que familiares de víctimas, pero destacaba el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien consideró la ceremonia como un acto de reconciliación.
Alejandro Encinas recordó que el campo militar era considerado como la prisión clandestina más grande del país.
Ahí, hace 46 años, se instaló la agrupación paramilitar “La Brigada Blanca” e inició el Plan Telaraña.
Con ese plan, los mandos del ejército giraban órdenes a la 35 Zona militar de Chilpancingo, Guerrero, para hostigar, capturar y exterminar a los grupos guerrilleros como el que encabezaron Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.
La hija de Lucio, Micaela Cabañas Ayala, recordó que ella vivió en el cuartel militar. Llegó cuando tenía solo dos meses de edad, cuando los militares detuvieron a toda su familia en 1974.
Ahí aprendió a caminar, a correr y a decir sus primeras palabras.
“Cuando llegamos aquí, mi madre fue violada, torturada y ultrajada, pero me defendía. Los militares me tomaban de un pie y me apuntaban y preguntaban dónde está Lucio. Mi madre era adolescente de 14 años”.
En el acto, recordaron los nombres de las más de mil personas detenidas desaparecidas en los años de contrainsurgencia:
- Armando Arciniega.
- Ezequiel Barrientos.
- Ismael Bracho.
- Álvaro Cartagena.
- Cirilo Cota.
- Hilda Flores.
- Leticia Galarza.
- Ramón Galaviz.
- Manuel Hernández.
- Rafael Ramírez.
- José Luis Moreno.
- Alicia de los Ríos Merino, cuya hija también entró por primera vez al lugar.
Ella mencionó algunos detalles de los lugares donde realizaron búsquedas: el segundo batallón de la Policía Militar, los sótanos, canchas de fútbol y biblioteca, las mazmorras, el Hospital Militar y las declaraciones de los militares.
“Es medular que ustedes también hablen. Con el respeto le solicitamos convoque a elementos retirados para colaborar en el proceso, construyan espacios y condiciones para que personal castrense rinda testimonio”.
Plan de búsqueda
La Comisión para la Verdad y Justicia con la Sedena acordaron una agenda de trabajo de tres puntos para lograr el acceso a información castrense.
1.- Realizar acciones de reconocimiento búsquedas e investigaciones en sitios del ejército donde cometieron violaciones de derechos humanos.
2.-Consultar repositorios, archivos y documentos y entrar a nueve instalaciones militares:
- El Campo Militar 1, en Edomex.
- Zonas 5 y 42 de Chihuahua.
- La Séptima Zona Militar de Nuevo León.
- Zona Novena de Sinaloa.
- La 15ª de Jalisco.
- Las zonas 27 y 35 de Guerrero.
- La número 28 de Oaxaca.
Además de los archivos del Estado Mayor de la Sedena, la Policía Militar, Batallón de Fusileros Paracaidistas, Segundo Batallón de la Policía Judicial Federal Militar, Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta y Estado Mayor Presidencial.
3.- Realizar entrevistas y recibir testimonios de personal militar que tenga información sobre los hechos.
El subsecretario Encinas también exigió a la Fiscalía General de la República que reabra las 245 carpetas de investigación sobre la “Guerra Sucia”.
“Buscamos la verdad como un acto de reconciliación y que nunca más se repita este capítulo oprobioso de nuestra historia. Que la puerta que hoy se abre no se vuelva a cerrar”.
La promesa
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le pedirá a la FGR que una esfuerzos de justicia. Además, calificó el acto como una etapa nueva donde no haya impunidad.
“Es un primer paso. No queremos que esto quede en la superficie. No queremos la simulación, queremos ir al fondo con la participación de todas y de todos, que hagamos ese compromiso porque es lo mejor, eso nos alivia a todos. Es un acto de reconciliación nacional que necesitamos. No se le puede dar vuelta a la hoja así nada más, tenemos que conocer la verdad”.
Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad sobre la actuación del ejército es de las autoridades civiles.
“Formalmente el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, actos que han manchado la trayectoria de contribución al desarrollo de México de las Fuerzas Armadas han estado vinculados, relacionados con órdenes recibidas por gobiernos civiles”.
La indignación
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, prometió apoyar al esclarecimiento de hechos pasados y el acompañamiento en actividades de búsquedas.
También presumió que ha entregado al Archivo General de la Nación mil 653 legajos relacionados con movimientos sociales y políticos, así como 18 mil 845 fojas de evidencia documental sobre el caso Ayotzinapa.
Pero, un anuncio relacionado a los militares que participaron en hechos del pasado, provocó que el acto terminara entre protestas.
“Con orgullo les expreso que el presidente autorizó inscribir los nombres de militares en monumento a héroes caídos como tributo y sentido homenaje a soldado que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”.
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