El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el extitular de la PGR asumió la responsabilidad de la llamada “verdad histórica”.
Adriana Esthela Flores
Tras la detención del exprocurador General de la República, Jesús “M”, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que fue el mismo exfuncionario quien reconoció su responsabilidad en la construcción de la llamada “verdad histórica”.
López Obrador solicitó presentar un fragmento del mensaje que el actual fiscal general, Alejandro Gertz, dirigió a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, en la reunión del pasado jueves 18 de agosto, en la que leyó una declaración del exfuncionario. En ella, Jesús “M” admite que tanto él como el exjefe de inteligencia, Tomás Zerón de Lucio, encabezaron las investigaciones.
“Fue en ese momento cuando el procurador Jesús M, se presentó ante medios y señaló lo siguiente: estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y seremos responsables directos de la investigación. Ante esa afirmación hemos podido demostrar que el propósito evidente era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades coludidas, atribuir responsabilidades a policías quienes entregaron estudiantes masacrados a uno de los cuarteles que se disputaban las drogas”.
Informe de la Comisión de la Verdad no señala a Peña Nieto
Destacó que el Informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa menciona directamente a las personas funcionarias públicas responsables de haber construido la primera versión de los hechos.
Sin embargo, insistió en que será el Poder Judicial el que determine quiénes participaron en la indagatoria y reiteró que no se deben permitir juicios sumarios, linchamientos políticos ni conjeturas.
En ese sentido, descartó que, en la investigación de los hechos, se haya solicitado orden de aprehensión contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos.
“Se dice, por ejemplo, Peña. SÍ, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña pero sí contra otros: Sí a Murillo Karam, sí a otros. ¿Cienfuegos? Tampoco”.
También descartó que la indagatoria busque proteger a los integrantes de las Fuerzas Armadas implicadas en los hechos violentos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, pues enfatizó que no puede haber nada más importante que la justicia y la verdad.
“Las Fuerzas Armadas como institución son una cosa y la actitud de ciertos miembros son otra. No es lo mismo! No es que se va a dañar y manchar el ejército o fuerzas Armadas no! Sí se manchan si hay complicidad. Si no se actúa con la verdad y se castiga a responsables”.
Pide difundir el informe de los hechos para que no se repitan
Respecto al balance de los hechos, dijo que deben tomarse en cuenta dos acciones: la actitud de los funcionarios y la desaparición de los estudiantes, lo que consideró como un “sacrificio”.
Por ello, al anunciar que esta semana solicitará que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presente el informe de la comisión durante la conferencia mañanera, insistió en la relevancia de que se conozcan los hechos para evitar que vuelvan a ocurrir.
“Hay que ventilarlo, evidenciarlo para que no haya repetición, nunca más estos hechos en el país, nunca más, independientemente del castigo. Y que no se quiera justificar un crimen así. Nada de que “eran revoltosos” los jóvenes. Nada de que estaban involucrados en actos delictivos. Nada de que se necesitaba un escarmiento. ¡Nada de eso! Toda esa retacería de argumentos son ofensivos”.
El pasado jueves, la Comisión para la Verdad y Acceso a la justicia del caso Ayotzinapa dio a conocer su informe sobre la desaparición de los 43 normalistas, en el que concluyó que se trató de un “crimen de Estado”, que no hay indicios de que los estudiantes estén con vida y por el cual se solicitó a la FGR iniciar o continuar indagatorias contra 33 personas involucradas en los hechos, que abarca a diez funcionarios federales, 17 municipales y 16 miembros de Guerreros Unidos.
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