México Unido Contra la Delincuencia señala falta de información y ausencia de protocolos sanitarios en las prisiones.
Frida Ibarra, de México Unido Contra la Delincuencia, en entrevista con Elia Baltazar.
IMER Noticias
Las autoridades penitenciarias del país carecen de información y un control adecuado sobre la preliberación de personas privadas de su libertad, en el marco de la pandemia por covid-19, señala un informe presentado por la organización México Unido Contra la Delincuencia.
Frida Ibarra, directora de Incidencia en esa organización, dijo que se pidió a las autoridades información acerca de la cantidad de personas que habían recibido el beneficio de la preliberación durante la pandemia, pero muchas no tienen esos datos.
“Los resultados son alarmantes, más que nada el tema de falta de información; por ejemplo, nosotros preguntamos con una redacción distinta la misma pregunta de cuántas personas salieron libres por covid-19, pero siete entidades nos contestaron cifras diferentes y la diferencia en algunas ocasiones fue abismal”.
Por ejemplo, Coahuila dijo primero que cinco personas habían sido preliberadas, aunque después informó que fueron 275. Durango había informado la primera vez que otorgó la libertad a 400 personas, pero después dijo que sólo tres.
“Las autoridades no están teniendo un control adecuado de lo que sucede en las prisiones, cuando lo que está en riesgo es la salud y la vida de las personas privadas de la libertad, de sus familiares e incluso del personal penitenciario que está dentro de las prisiones”.
Lo que la organización pretendía saber era si los mecanismos de preliberación en el marco del covid-19 estaban siendo implementados correctamente, pero no hubo información precisa.
Lo que sí encontraron es que Aguascalientes, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas no realizaron preliberaciones.
Ibarra, a nombre de la organización, dijo que las autoridades penitenciarias y judiciales deben eliminar los obstáculos que impiden hasta ahora aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal, que contempla la preliberación en casos no graves.
“Todavía hay mucho que hacer y todavía la pandemia sigue, entonces hacemos un llamado a las autoridades penitenciarias, pero también las autoridades judiciales, que también son ellas las que toma la decisión, para que traten de impulsar esto y traten de eliminar cualquier obstáculo innecesario que pueda existir”.
En el informe se señala que tampoco hubo información clara sobre los protocolos sanitarios en los centros penitenciarios del país. Sólo 13 de las 32 entidades informaron qué tipo de medidas estaban implementado, como el uso de cubrebocas, restricción de visitas y atención legal vía telefónica.
