Habían ingresado ilegalmente y el gobierno de Joe Biden les aplicó el Título 42, una norma que lo faculta para expulsarlos, argumentando acciones de seguridad sanitaria.
Escucha lo que dicen expertos sobre este tema.
Montserrat Sánchez
Más de 514 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos han sido expulsadas, debido a la pandemia por covid-19.
El gobierno de Joe Biden mantiene en vigor una orden de su antecesor Donald Trump, llamada Título 42, que permite expulsar rápidamente a los migrantes que han sido detenidos tras cruzar ilegalmente la frontera.
Bajo el argumento de proteger a los ciudadanos estadounidenses de posibles contagios de covid-19, la administración Biden mantiene cerrada la frontera con México y cada mes expulsa a miles de solicitantes de asilo.
Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revelan que de marzo a septiembre de 2020 hubo 197 mil 43 expulsiones; sin embargo, de octubre de 2020 a febrero de 2021 los casos aumentaron y se registró un total de 317 mil 590 expulsiones.
Tania García, coordinadora de la Clínica Legal de la organización Espacio Migrante, estima que en marzo de 2021 se hayan registrado 100 mil expulsiones, una cifra que sería histórica.
“Desde que se implementó sí ha incrementado bastante el número de expulsados bajo esa característica, tengo yo la cifra que el mes de febrero hubo por la frontera sur de Estados Unidos, que es nuestra frontera norte, alrededor de 70 mil, un poco más, de expulsiones por el Título 42 y el mes pasado (marzo) ya estaba rondando las 100 mil expulsiones, entonces sí ha habido un incremento considerable”.
El mes con mayor número de expulsiones es febrero con 70 mil 183. La cifra global es de 514 mil 633 migrantes expulsados en casi un año.
Una medida vigente desde hace un año
El 21 de marzo de 2020, el presidente Donald Trump, con base en el Título 42 de la Sección 265 del Código de Estados Unidos, determinó que debido a la existencia de covid-19 se implementarían restricciones para personas que llegan a Estados Unidos desde México o Canadá, bajo el argumento de priorizar el interés de la salud pública.
Bajo esta orden, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) prohíbe desde entonces la entrada de personas que potencialmente representan un riesgo para la salud, ya sea en virtud de estar sujetas a restricciones de viaje previamente anunciadas o porque ingresaron ilegalmente al país para eludir las medidas de detección médica.
Para Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, la implementación de esta norma es solo un disfraz para negar la entrada y estancia de migrantes a Estados Unidos.
“El Título 42 le da la facultad al CBP en Estados Unidos de determinar qué población puede ser un riesgo para los estadounidenses, entonces en este caso el gobierno estadounidense ha definido a esta población migrante centroamericana que cruza cada día por la frontera como parte de este riesgo; entonces, vía Título 42 los depositan en la frontera norte de nuestro país, cada día cerca de 100 migrantes de Tijuana y 100 migrantes por el lado de Ciudad Juárez, entonces el Título 42 es básicamente el pretexto que está utilizando Biden para dejar a migrantes centroamericanos en la frontera mexicana”.
La Oficina de Aduanas informó que para prevenir contagios de covid-19 las personas no serán retenidas en áreas congregadas para su procesamiento, sino que serán expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito.
Para algunas organizaciones que defienden los derechos de la población migrante, el Título 42 es una norma discriminatoria, pues el respeto y garantía del derecho a la movilidad es ignorado por las autoridades. Así lo explica Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C.
“Obviamente la mayoría de las personas afectadas son personas solicitantes de asilo de Centroamérica y no es la misma situación entre Estados Unidos y Canadá, obviamente; tiene un impacto en esta población de personas, situaciones de pobreza o violencia o que están huyendo, todo ha ido cambiando, huyendo de situación de sequía, de desplazamiento forzado, de muchas cosas, y viola el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos y desde México también en algunos casos lo que hemos visto es que las personas son expulsadas de estos tres países – El Salvador, Guatemala y Honduras–, son detenidos en México en estaciones migratorias, luego son trasladados en autobús a Chiapas y en diferentes momentos de la pandemia por la restricciones de movilidad en los tres países no han podido deportar a estas personas, entonces les han dicho que tienen que irse, regresar por su cuenta; en ese sentido, también tenemos derecho al principio de la no devolución, que es que un país no puede regresar a personas a sus países de origen, pues piden protección internacional y si regresaran pueden ser blancos de persecución”.
A dos meses de la implementación del Título 42 y con la expulsión masiva de migrantes en medio de la pandemia, varias organizaciones civiles pidieron a través de una carta que los gobiernos de Estados Unidos y México atiendan las vulnerabilidades de las personas migrantes, así como construir un entorno seguro para ese sector de la población en su derecho a la movilidad.
Un cambio de acciones, más que de discurso, es la urgencia en la que deben concentrarse ambos gobiernos, señala la coordinadora de la Clínica Legal de Espacio Migrante, Tania García.
“La cuestión es que no han cambiado realmente las políticas migratorias, lo que el presidente Biden está haciendo es que está restaurando algunas violaciones que tuvo la administración Trump hacia la población migrante o a este marco normativo que atiende a personas migrantes, que es por ejemplo el Título 42. Podemos ver en una narrativa oficial en estos discursos oficiales un contenido más pro migrante, un contenido un poco más amigable, pero realmente las prácticas siguen siendo las mismas. Una de las cosas más importantes que nosotros estamos solicitando o exigiendo al gobierno de Estados Unidos es información y claridad en la información sobre cuáles son los mecanismos que se están utilizando para regresar a las personas bajo el Título 42, cuáles son realmente las afectaciones que hay con evidencia, que la presencia de las personas migrantes en un tema como es la salud pública y que nosotros consideramos ha sido una excusa para el gobierno de Estados Unidos para seguir retornando personas a México”.
El cierre de fronteras, explica por su parte Eunice Rendón, viola el convenio internacional del refugio, que en su artículo 33 establece que no se puede regresar a una persona a su país donde corre riesgo.
Con el incremento de casos de personas que intentan llegar a Estados Unidos y pedir asilo, la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, Gretchen Kuhner, hace un llamado a las autoridades a reconsiderar la medida del cierre de las fronteras y analizar otras estrategias de protección más eficaces contra el covid-19.
“Desde un principio de la pandemia, los expertos en epidemiología, incluyendo a la Secretaría de Salud en México, han dicho que para las poblaciones lo más importante es seguir las medidas de sana distancia, lo que sabemos todos, el cubrebocas; entonces, en el tema de movilidad humana estas son medidas que se pueden cumplir y no ayuda en nada que las personas estén cruzando muchas veces buscando protección o que a lo mejor están detenidas en estaciones migratorias, tanto del lado de Estados Unidos como del lado mexicano, donde hay hacinamiento, no tienen acceso a cubrebocas, no pueden mantener distancia necesaria y sin embargo sí dejan a las personas pedir asilo en México o Estados Unidos con una estancia por razones humanitarias, las personas muchas veces van con familiares o redes de apoyo; ahí es mucho más fácil que sigan medidas y tengan acceso a servicios de salud y ahora estamos en una nueva etapa de la pandemia y son las mismas peticiones a nivel internacional para migrantes y refugiadas que ahora tengan acceso ahora a las vacunas”.
Tanto Kunher como Rendón coinciden en que la atención debe estar puesta también sobre el gobierno mexicano, pues ha actuado en el mismo tenor que Estados Unidos, al cerrar la frontera terrestre con Guatemala bajo el argumento de prevenir contagios por covid-19.
Dicen que los gobiernos deben garantizar un tránsito libre y seguro, sobre todo para los migrantes que viajan en familia.
