Ilustración: Alejandra Saavedra En Sinaloa y otros 15 estados del país, las autoridades han delegado en funerarias privadas el trabajo de los servicios médicos forenses. La subrogación de esa labor ha puesto en riesgo la identificación de cadáveres sin nombre, como el del joven Belisario. Por Marcos Vizcarra/Quinto Elemento Lab Fotografías Luis Brito y Marcos…
La misma noche que Cosmelín, de 16 años, desapareció, su cuerpo asesinado era llevado al Semefo, donde se le catalogó como no identificado. Siete años después, las autoridades reconocieron que aunque lo tenían, por un error dijeron que no era él y lo mandaron a una fosa común, donde lo perdieron. Es uno más de los cuerpos en el país que se desconoce dónde está enterrado.
Desde el inicio de la ‘guerra contra el narco’, más de 38 mil 500 cuerpos no identificados han ingresado a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina; algunos, incluso, fueron desaparecidos en los registros estatales, dejados en funerarias, o incinerados. Esta investigación revela la magnitud de la crisis forense que atraviesa el país.
La aparición de los “tráileres de la muerte”, hace dos años, revelaron la crisis forense que se vivía en Jalisco por la saturación de los anfiteatros, situación que se aborda en el primer reportaje de la serie “Crisis Forense”, de Quinto Elemento Lab.
Ignacio Rodríguez Reyna, periodista, y asociado fundador de Quinto Elemento Lab., comentó en la Tercera Emisión Al Cierre, que al consultar la información con los abogados, dijeron que es imposible que se haya tomado la decisión de desbloquear cuentas sin la autorización del Secretario de Hacienda y del Presidente de la República.