Cristina Reyes, abogada de México Unido contra la Delincuencia, dice que están en espera de que el presidente acate la sentencia del Poder Judicial Federal, derogue el acuerdo presidencial y sea el Congreso de la Unión quien regule la participación de las Fuerzas Armadas con base en la Constitución.
La desmilitarización de la seguridad pública en un país donde durante la llamada guerra contra las drogas se cometieron graves violaciones a derechos humanos, es uno de los caminos para la paz. Para empujar este cambio, la asociación civil México Unido contra la Delincuencia presentó un amparo en contra del acuerdo presidencial con el que se pretendió regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el cual ganó la semana pasada.
La organización presentó este amparo por considerar que el acuerdo no garantizaba que la participación de militares y marinos fuera extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria, explicó Cristina Reyes, la abogada que redactó el amparo, en entrevista para la Segunda Emisión de IMER Noticias.
El fallo sienta un precedente por tratarse del primer pronunciamiento del Poder Judicial Federal sobre cómo deben las Fuerzas Públicas deben llevar a cabo las tareas de seguridad pública. La Constitución, explica Reyes, ordena que todas las tareas que lleven a cabo deben de justificarse y ser extraordinarias, es decir, que la situación justifique su participación.
La justificación también debe ser temporal y por un espacio geográfico en específico. En ese sentido, el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manue López Obrador no establece una subordinación de militares y marinos a las instituciones de seguridad civil. Por el contrario, los pone a la par, lo que es contrario a la Constitución, porque la seguridad tiene que ser de carácter civil.
Tras ganar el amparo, México Unido contra la Delincuencia pide que se emita la regulación correspondiente, para que la actuación de las Fuerzas Armadas sea en apego a la Constitución. Tal como está el acuerdo actualmente, les preocupa la autorización para que intervengan en cualquier tipo de acto de seguridad pública; que no haya ningún control ni límites; o un órgano que fiscalice su participación.
Esta falta de regulación pone en riesgo a la población civil, porque las fuerzas armadas han ocasionado múltiples violaciones a derechos humanos, dice Reyes.
Por el momento, están en espera de que el presidente acate la sentencia del Poder Judicial Federal, derogue el acuerdo emitido en mayo y sea el Congreso de la Unión quien regule la participación de las Fuerzas Armadas con base en la Constitución.
La organización también aboga por la creación de un “verdadero cuerpo de seguridad civil”. Esto porque el 80% de la Guardia Nacional, dice Reyes, está conformada por elementos de la policía militar y naval.
