Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, celebra los 10 años de la organización pero le preocupa crecimiento de desigualdad en Latinoamérica y que las empresas tomen roles originalmente le corresponden a los gobiernos.
La organización PODER celebró su primera década en Latinoamérica trabajando con un enfoque de derechos humanos, principalmente, ante el abuso empresarial y la corrupción. Una labor que intentaron reflejar con la frase conmemorativa “10 años de caminar y, en ese caminar, encontrarnos”.
Si hay algo que define el esfuerzo que hacen día con día por monitorear el poder es “caminar junto a las comunidades”, algo que Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de la organización, repite como un lema.
En una conversación con la Tercera Emisión de IMER Noticias, Hopenhaym enmarca su trabajo en un contexto de desigualdad que ve con preocupación acrecentarse. Latinoamérica, donde realizan investigaciones periodísticas y seguimientos, es “la región más desigual del mundo”, dice. Se verá sumamente afectada por la contracción económica, a causa de la pandemia de Covid-19. La tasa de desempleo crecerá al menos 5%, según proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo. Y se prevé que la pobreza aumente significativamente.
¿Qué cuestiones puntuales preocupan a PODER ante este contexto?
Hopenhaym observa que el discurso de desarrollo y recuperación de la crisis por coronavirus “está enfocado en el rol que va a tener el sector privado para sacarnos de esta crisis económica”, mientras los gobierno ceden terreno.
La organización ubica patrones donde empresas ejercen roles que antiguamente eran del gobierno. Por ejemplo, proveen servicios básicos y se dedican a la extracción y sobreexplotación de los recursos naturales.
PODER frente a los megaproyectos
Uno de sus ideales es que haya estándares altos de transparencia por parte de los gobiernos, por ello monitorean de cerca su actuar. Por ejemplo, cuando hay contratos públicos, buscan cómo se hacen esos proyectos de contratación.
En los últimos cinco años se han especializado en el seguimiento de las contrataciones públicas y a las asignaciones de los proyectos y las concesiones.
También quieren que se proteja al medio ambiente y se realicen las consultas adecuadas a las comunidades principalmente afectadas, porque esto permite a las personas decidir sobre su presente y su futuro así como dar seguimiento a los proyectos, dice Hopenhaym.
En su trayectoria destaca el acompañamiento que han dado a las comunidades afectadas por el derrame tóxico de Grupo México en el Río Sonora, en 2014. Días atrás sacaron un comunicado con el Comité de Cuenca Río Sonora, donde piden a la Cofepris y la Secretaría de Salud que se haga un monitoreo adecuado de los pozos. En el último dato, de 2019, presentaban altas cantidades de arsénico y otros metales pesados.
Actualmente, PODER está monitoreando asignaciones de contratos del Tren Maya y el corredor del Itsmo de Tehuantepec. También tienen herramientas para mapear quiénes están detrás de esos proyectos dirigidas, sobre todo, a que las comunidades para que puedan proteger sus derechos y el medio ambiente.