Daniela Malpica, fundadora de Justicia Transicional en México, plantea que la pregunta debería plantear un proceso de justicia transicional.
La consulta popular para decidir si se enjuicia a los cinco expresidentes anteriores por casos de corrupción no debería llevarse a cabo en los términos planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, considera Daniela Malpica. Desde su punto de vista, sería más pertinen preguntar cómo que si la población está de acuerdo en que se aplique la justicia, porque esto último es una obligación de las instituciones en la materia.
El Senado de la República remitió la petición del presidente López Obrador de hacer una consulta popular para decidir si se enjuicia a los expresidentes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien ahora será encargada de resolver el asunto.
Malpica, quien es fundadora de Justicia Transicional en México, comenta en entrevista para la Segunda Emisión de IMER Noticias, que la pregunta planteada por el presidente es innecesaria porque es deber de la Fiscalía General de la República investigar y perseguir una sentencia en caso de encontrar responsabilidad por algún delito.
La también directora general de Justicia, Reconciliación y Derechos Humanos AC explica que poner a consulta el acceso a la justicia contraviene la Constitución mexicana, la cual, prohíbe limitar, afectar o restringir los derechos humanos. En ese sentido, tanto ciudadanos como víctimas se verían afectadas por posibles delitos cuya responsabilidad recaiga en expresidentes.
Un colectivo conformado por varias organizaciones de la sociedad civil, víctimas y defensores de derechos humanos proponen una pregunta encaminada a un proceso de justicia transicional, en la cual se reconozca juzgar derechos patrimoniales, violaciones graves a DDHH y daño al erario público.
La especialista subraya que se requieren mecanismos extraordinarios, como una comisión internacional con supervisión de la ONU contra la Impunidad y una comisión de la verdad.
“Nos hubiese gustado que la pregunta se encaminara en el cómo” comenta Malpica. En ese sentido, la cuestión sería si la ciudadanía está de acuerdo en que el presidente, dentro de sus facultades, implemente y busque acuerdos para crear un mecanismo internacional contra la impunidad y una comisión de la verdad, que acerque a las víctimas a la verdad y justicia de violaciones graves de derechos humanos.
