De 2014 a 2019, la impunidad administrativa en el gobierno federal alcanzó el 80.69% de los casos, reveló un estudio que abarcó a 132 instituciones públicas.
Adriana Esthela Flores
El 5 de abril de 2017, las autoridades encabezadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto celebraban la inauguración del Paso Exprés, en Cuernavaca, una autopista que costó 2 mil 200 millones de pesos y que era el orgullo del gobierno federal y del entonces gobernador Graco Ramírez.
“Podemos decir, que tenemos una autopista que es realmente es un orgullo para morelenses, para el país, para el turismo de México”, dijo el día de la inauguración el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Tres meses después de su inauguración, el 13 de julio de 2017, el señor Juan Mena Ruiz, de 65 años, y su hijo Juan Mena Romero, de 35, murieron luego de que el automóvil en el que viajaban cayó en un socavón de ocho metros de profundidad que se abrió en la autopista.
A cuatro años de los hechos, Impunidad Cero y la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey presentaron el tercer estudio sobre las responsabilidades administrativas del poder público. Su principal hallazgo es que a nivel federal, la impunidad administrativa ascendió a 80.69 por ciento, pues solo 20 de cada 100 casos han sido sancionados.
Quién es quién en la falta de sanciones
El estudio desglosa que el Poder Ejecutivo encabeza la falta de sanciones, con 80.77 por ciento, seguido del Legislativo con 52.83 por ciento y el Judicial, con 14.56 por ciento.
La Fiscalía General de la República mostró un cien por ciento de impunidad, pues no reportó ninguna sanción en el periodo analizado.
Uno de los principales problemas es que no hay un sistema homologado de datos que permitan dar seguimiento a las faltas administrativas y las sanciones, expuso Darío Ángeles, autor de la investigación.
“Tenemos huecos en la información, errores en la información, que no permiten hacer las sumatorias y los promedios correspondientes; desde aquí, otro problema que se suma al análisis de esto es la complejidad que se tiene con la información y que presenta problemas al momento de la sistematización y entonces esto empieza a ser un gran problema para pensar ya en soluciones”.
A nivel local, los gobiernos campeones en impunidad administrativa fueron Baja California y Tlaxcala, con cien por ciento, al no reportar ninguna sanción. Les siguieron Chihuahua, con 97 por ciento, y Querétaro, con 91 por ciento.
Los congresos locales de Puebla y Querétaro también figuran en impunidad administrativa, el Poder Judicial de Campeche, así como las fiscalías de Aguascalientes y Baja California.
La directora de Impunidad Cero, Irene Tello, advirtió sobre los efectos de que las autoridades no sancionen las faltas administrativas.
“Primero que nada, hay una pérdida de confianza ciudadana entre las instituciones ante las cuales está denunciando; por otro, lado una baja calidad del servicio de la administración pública, lo cual es gravísimo, y tercero, creo que el tema de la impunidad administrativa tenemos volver a entrarle; nosotros en Impunidad Cero hemos definido la impunidad como la falta de responsabilidad ante responsabilidades que pueden ser pueden ser penales, civiles, administrativas o de violaciones de derechos humanos”.
Procedimientos y sanciones
El estudio arrojó que las causas por las que se iniciaron procedimientos de responsabilidad fueron:
Poder Ejecutivo: Irregularidades en contratación pública.
Congreso federal: Incumplimiento de declaración de situación patrimonial.
Poder Judicial: Demora en el cumplimiento de funciones.
Fiscalías: Prestación deficiente de servicio público.
Para los cuatro poderes a nivel federal, las sanciones más frecuentes fueron:
Suspensión: 13 mil 259 casos.
Inhabilitación: 11 mil 375 casos.
Amonestaciones privadas: 10 mil 917 casos.
Amonestaciones públicas: 9 mil 956 casos.
Multas: 3 mil 323.
