Miembros de 17 Instituciones y especialistas convocados por el CONACyT se reúnen en distintos foros para discutir y hacer propuestas en torno a una nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. El presupuesto, la libertad de investigación y la definición de las prioridades nacionales, son algunos de los temas que provocan mayor atención.
Juan Carlos Valdés
México es el primer país del mundo en incorporar a su constitución el derecho humano a la ciencia, lo hizo el 24 de abril del 2019 al reformar el Artículo 3 de la Constitución Política y es tarea del Estado y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hacerlo real.
Bajo este contexto, se lleva a cabo el Foro: “Hacia la primera Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación”, en el que diversos especialistas abordaron el tema: derecho humano a la ciencia.
“Como responsables de las políticas de ciencia, tecnología e innovación es nuestra responsabilidad derribar las barreras del conocimiento, propiciar y garantizar en condiciones de equidad el derecho humano a la ciencia. Que todas y todos sin distinción y sin límites estén preparadas y preparados para acceder a los campos del saber complejos, a todas las formas posibles de conocimiento y ya no solo para competir por un mejor empleo o para favorecer su movilidad socioeconómica, sino para poder sobrevivir el siglo XXI”.
María Elena Álvarez Buylla, directora general del Conacyt.
Con la idea de debatir en torno al anteproyecto de ley presentado por el Conacyt en diciembre pasado y enriquecerlo con diversas propuestas, el foro reúne a investigadores de diversas instituciones y a representantes de la sociedad civil como José Flores Sosa, de la Red de Defensa en los Derechos Digitales quien cuestionó la manera en que se definirán los temas de la agenda de Estado.
José Flores Sosa. Imagen: Universidad de las Américas de Puebla.
“Debemos preguntarnos la conveniencia de que una Agenda de Estado sea construida a partir de prioridades que son definidas sin la participación con voto de representantes de la comunidad científica porque ésa es una de las cuestiones que establece este anteproyecto: que la comunidad científica o representantes de esta comunidad tendrán participación dentro del consejo de estado con voz pero sin necesariamente un voto”.
José Flores Sosa. Red en Defensa de los Derechos Digitales.
William Lee, Coordinador de Investigación Científica de la UNAM, expuso la necesidad de contar con un presupuesto suficiente pues sin él, nada será posible.
“Nada de lo anterior es posible si no hay recursos suficientes, es necesario tener una inversión de al menos uno por ciento del PIB en el sector, meta que no se ha cumplido por mucho en ningún año desde la promulgación de la ley 2002. En ciencia la mejor manera de hacer esto para poder aprovechar todos los recursos disponibles es la evaluación por pares para individuos, líneas y laboratorios, después de esto la asignación transparente y colegiada de los recursos disponibles que puedan ser consultados por la sociedad y por todos los pares”.
William Lee. Coordinador de investigación Científica de la UNAM
Los temas prioritarios que debe atender la ciencia en México para establecer una agenda de Estado es uno de los puntos más sensibles del anteproyecto de ley. Miembros de la comunidad científica han mostrado su preocupación por la libertad de investigación ante la imposición de estos temas desde el Estado sin la participación de los investigadores.
De las universidades
Con el fin de enriquecer la discusión en torno a una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, miembros de la comunidad científica dieron a conocer los resultados de las “Jornadas de Reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación: Lo que demanda el futuro de México”.
Entre sus conclusiones destacan las propuestas para adoptar un federalismo abierto y constructivo que favorezca la distribución de competencias, garantizar la participación amplia de la comunidad académica y de los sectores privado y social en los distintos niveles de planeación y coordinación de la política de CTI a través de órganos autónomos y la elaboración de un programa de prioridades nacionales a partir de problemas que requieren una solución urgente pero con la participación activa de la comunidad.
En las jornadas participaron 120 ponentes de 17 instituciones y escuelas de nivel superior del país. Otros puntos a destacar fueron: asegurar la libertad de investigación con perspectivas de derechos humanos y equidad de género, eliminar cualquier discriminación en contra de las y los investigadores que trabajen en instituciones privadas y asegurar el financiamiento estable para la ciencia y tecnología a partir de un porcentaje incremental del gasto público anual, poniendo un objetivo temporal a un mínimo del 1% del PIB que señala la ley.
Así lo explicó Gerardo Dubcovsky, vicerrector de Investigación de la Universidad del Valle de México.
“Los países que tienen alto índice de desarrollo humano, todos aquellos que están en el nivel más alto invierten al menos el uno por ciento del PIB en ciencia y tecnología en forma consistente a lo largo de mucho tiempo; en cambio en el otro extremo, aquellos países que tienen bajo nivel invierten mucho menos, de hecho menos del 0.6% del PIB. Nosotros lamentablemente a lo largo de toda nuestra historia hemos estado por debajo de ese nivel pues obviamente nos estamos quedando rezagados”.
Incluir la perspectiva de género, tanto en lenguaje como en acciones afirmativas, establecer la autonomía de decisión operativa, administrativa y de gestión presupuestaria de los Centros Públicos de Investigación y garantizar su libertad de investigación, fueron parte de las conclusiones a las que llegaron los miembros de la comunidad científica.
“Nosotros planteamos que en la definición de las prioridades nacionales tiene que haber una participación amplia, que no pueden ser solo definidas por el gobierno de hoy o de dentro de 6 años o 4 años, sino que tiene que haber una participación de las comunidades de ciencia tecnología e innovación, en particular en cómo éste sector tiene que contribuir a la solución de esas prioridades nacionales”.
Gabriela Dutrénit. Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana.
