Arturo Medina, un joven con discapacidad intelectual y psicosocial, sufrió una serie de violaciones a sus derechos humanos durante su proceso penal.
Alondra Reséndiz
Hoy el Estado mexicano ofrece una disculpa pública a Arturo Medina, un joven con discapacidad intelectual y psicosocial, quien fue detenido y acusado en septiembre del 2011 por el presunto robo de un vehículo. Una serie de violaciones a sus derechos humanos se presentó durante su proceso penal.
En diciembre del 2011, el Juez Noveno Penal condenó a Arturo por el delito de robo y le impuso una medida de seguridad por cuatro años en el Centro Varonil de Rehabilitación Social (CEVAREPSI).
Arturo fue sometido a la figura de inimputabilidad. María Sirvent, directora de Documenta, análisis y acción para la justicia A.C. y una de las abogadas que acompañó legalmente a Arturo desde 2014, explica cómo se ha traducido esa figura en la práctica.
“Lo que se ha traducido en la práctica es que por dictámenes médicos se determina que la persona tiene inimputabildiad y que no tiene la capacidad de comprender y entender su proceso. Y en muchos de los casos, la persona no puede participar en su proceso, no puede hacer valer sus derechos. Y también lo que implica es que lo que se impone es una medida de seguridad, no una pena.”
Sirvent agrega que la medida de seguridad, en varias ocasiones, ha sido entendida por los juzgadores como un tratamiento, siendo que la discapacidad es asumida de manera errónea como enfermedad. La experta problematiza la figura de inimputabilidad, pues comenta que no necesariamente ha fungido como protección a las personas con discapacidad, sino al contrario.
El no reconocer a Arturo como sujeto con capacidad jurídica conllevó a la transgresión de sus derechos: no pudo apelar la sentencia de primera instancia y se infringió la presunción de inocencia. Además, no se le permitió designar un abogado defensor de su elección, no pudo aportar pruebas para su defensa y tampoco fue escuchado en el juicio.
La madre y hermana de Arturo lo acompañaron en el proceso y presenciaron las omisiones de su caso. Señalaron que Arturo no sabe manejar vehículos y que nunca tuvieron acceso a las supuestas imágenes que le imputaron.
Disculpa pública, la pista de despegue
La disculpa pública que el Estado mexicano ofrecerá a Arturo parte de una resolución que emitió en 2019 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), empujada por Documenta, análisis y acción para la justicia A.C.
Sirvent plantea que se trata de un acto inédito con un gran valor para las víctimas y enfatiza que es un primer paso para hablar de la deuda pendiente en cuestión legislativa.
“Esta resolución es la primera que emite este Comité para el Estado mexicano y eso ya lo hace un hecho histórico. Lo hace también un hecho histórico que los temas que toca esa resolución son muy novedosos, inclusive para el propio Comité. No había conocido casos de este tipo en otros países, en donde se tocan temas de cómo garantizar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones cuando se enfrentan a un proceso penal.”
Eunice Leyva, directora de Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights, experta en discapacidad y también abogada que acompañó legalmente a Arturo, considera que la disculpa debe ser ofrecida igual por los operadores de justicia que intervinieron en el proceso penal de Medina.
“Es una forma de reconocer y de aceptar que efectivamente el Estado violó los derechos de Arturo Medina Vela. Definitivamente en los casos de violaciones de derechos humanos es el Estado mexicano, mediante un representante de Segob, quien otorga la disculpa pública. Pero me parece importante resaltar que a la familia le hubiera gustado también tener una disculpa pública por parte del juez que condenó a Arturo Medina sin siquiera haber hablado con él.”
Para Emma González, psicóloga de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, esta disculpa tendría que ser el inicio de conversaciones en torno a los derechos de las personas con discapacidad.
“Esto más bien no es la pista de aterrizaje, sino tendría que ser la pista de despegue para ponernos a discutir seriamente sobre la figura de inimputabilidad, sobre el tema de interdicción, sobre el trato discriminatorio que tenemos hacia las personas que hemos catalogado como enfermos mentales. Creo que hay una amplia gama de oportunidades, esperemos que este sea el inicio.”
¿Cómo reparar los daños?: Una discusión para transformar el sistema judicial y de salud
Además de instar al Estado mexicano a ofrecer disculpas y reconocer públicamente la violación de los derechos humanos de Arturo Medina, la ONU recomendó en su dictamen modificar la legislación penal de la hoy Ciudad de México y de todas las leyes federales o estatales en relación a la figura del inimputable a través de diálogos con la particiáción de las personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil.
También recomendó formación adecuada y continua para jueces, oficiales judiciales, agentes del ministerio público y otras personas que laboren en el poder judicial.
Pero las expertas entrevistadas van más allá: plantean un análisis del sistema judicial y de salud desde adentro.
Eunice Leyva comenta que en el sistema judicial permanece un estigma que impide que los operadores de justicia respeten la autonomía de las personas con discapacidad.
“Los jueces lamentablemente resuelven con base en los propios estereotipos que tienen preformados en la cabeza, en su forma de entender el mundo. Y por ejemplo, una cosa que es real es que en las escuelas de Derecho no se enseñan los derechos de las personas con discapacidad, entonces estamos hablando de jueces que ya salieron de la carrera hace mucho tiempo. Y además de eso tenemos todo el sistema capacitista que hace que los jueces tengan el estereotipo de que las personas no pueden o no saben.”
Leyva nos recuerda que los Consejos de la Judicatura deben monitorear y asegurar que los jueces resuelvan conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de otros ordenamientos de derechos humanos. Además, opina que hace falta una rendición de cuentas por parte de los jueces y transparencia respecto a cómo se redactan las sentencias y cómo se toman las decisiones judiciales.
Por otro lado, Emma González considera que hay que derrocar el estigma hacia las personas con discapacidad y cuestionar como sociedad lo que entendemos por salud mental. González prefiere hablar de condiciones psicosociales de la población porque al referirse únicamente a enfermedades se excluyen condiciones y análisis de casos particulares ligados a sus contextos.
“Y sobre todo acercarle a los jueces otras formas de repensar estas problemáticas porque generalmente el derecho solamente escucha a la psiquiatría. Y que ahí, también desde mi ámbito, la psicología se ha dejado comer el mandado por la psiquiatría y por este poder hegemónico que se ostenta en el hecho de que son médicos. Claro, eso también implicaría que desde la psicología revisaramos nuestros propios sesgos, porque generalmente lo que hacemos es sacar a la población de la norma y decimos ‘a ver, éste sí es normal’ bajo los parámetros que hemos definido y que también habría que revisar porque ¿normal con respecto a qué?”.
Te puede interesar:
Aceptan disculpa de Marina, pero exigen hallar a sus familiares desaparecidos
