Con reformas a tres leyes, legisladoras avalaron que los empleados puedan descontar del salario de los trabajadores hasta 40% del salario cuando solicite un crédito.
Claudia Téllez
Diputados de Morena, Partido Verde Ecologista y del Trabajo aprobaron una reforma para que los empleadores descuenten del salario de los trabajadores un porcentaje cuando solicite un crédito.
El dictamen aprobado con 237 votos establece que los y las empleadas que soliciten un crédito simple deberán firmar una orden de pago para que un tercero realice los pagos correspondientes.
Es decir, las personas que soliciten un crédito deberán autorizar a sus patrones para que ellos cubran los adeudos con una retención de su salario de nómina y no podrá ser irrevocable.
Sin embargo, la llamada “cobranza delegada” sólo está acotada exclusivamente a el pago fraccionado, a plazo de primas por pólizas de seguros o servicios financieros.
De igual manera, el documento precisa que el pago del crédito podrá realizarse a través de cuatro vías:
- A través del salario devengado.
- Mediante percepciones extraordinarias de carácter laboral.
- Por indemnizaciones de igual naturaleza y conceptos afines.
- Y honorarios devengados asimilados a salarios del trabajador solicitante del crédito.
Por otra parte, los pagos parciales y periódicos no podrán exceder más del 40 por ciento del salario de los trabajadores.
Las posturas de los y las diputados
Según los argumentos de Morena, la reforma impulsa la inclusión de la población de menores recursos al sistema financiero.
“La propuesta en análisis contribuye a fomentar la transparencia, protección seguridad jurídica y fomento a la competencia”.
En respuesta, legisladores del PAN, PRI y PRD, como Patricia Terrazas, acusaron a Morena de generar condiciones leoninas similares a las tiendas de raya.
“Es una reforma que regresa al país a esquemas del porfiriato que sólo beneficiará a los prestamistas”.
Sin embargo, no todos los integrantes de Morena y PT avalaron la propuesta.
Las morenistas Lidia García Anaya y Laura Imelda Pérez, así como la petista, Lilia Aguilar, intentaron sin éxito eliminar el termino irrevocable.
De acuerdo con García Anaya, esta reforma traiciona y pone una soga al cuello a los empleados con la libranza irrevocable.
Finalmente, la minuta regresó al Senado debido a las 60 correcciones que realizaron en San Lázaro.
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