Esta ley regula los procedimientos de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del presidente de la República.
Claudia Téllez
Horas después de la instalación de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Este ordenamiento, que regula los procedimientos de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del presidente de la República, fue turnado al Senado de la República.
Juicio político contra servidores públicos
La Ley Federal, reglamentaria de los artículos del 108 al 112 Constitucional, establece que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de las personas servidoras públicas redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; y no procede por la expresión de las ideas.
En el caso del Juicio Político, indica que podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe empleo, cargo o comisión y dentro un año después de la conclusión de sus funciones.
Destaca que si la resolución es condenatoria se destituirá a la persona servidora pública y se le podrá inhabilitar para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde 10 hasta 30 años.
Señala que un ciudadano podrá formular por escrito una denuncia contra una persona servidora pública ante la Cámara de Diputados y deberá estar sustentada en datos o indicios suficientes.
Juicio penal contra el presidente
El dictamen también regula el procedimiento para someter a juicio penal al presidente de la República cuando, en el ejercicio de su función, incurra en delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
Indica que, durante el tiempo de su encargo, el titular del Ejecutivo federal podrá ser imputado y juzgado previo proceso de desafuero solicitado por el Ministerio Público y cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales.
#ÚltimaHora Con 266 votos en pro, 205 en contra y 0 abstenciones, es aprobado proyecto que expide Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Se turna al @senadomexicanohttps://t.co/uPd2tCF4zM
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 2, 2021
En el caso de gobernadores, diputados locales, así como integrantes de Tribunales Superiores de Justicia locales, de los Consejos de las Judicaturas Locales y órganos autónomos, precisa que podrán ser sujetos de juicio político o declaración de procedencia por violaciones a la Constitución, a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Declaración de Procedencia
Sobre la Declaración de Procedencia, el documento indica que sólo podrá ser instaurado a solicitud del Ministerio Público ante la Cámara de Diputados para el ejercicio de la acción penal en contra de alguna de las personas servidoras públicas mencionadas en el artículo 111 de la Constitución
Entre ellos diputados, senadores, ministros, magistrados electorales, consejeros de la Judicatura, secretarios de despacho, el fiscal General de la República y consejeros del INE.
¿Cómo fue el debate?
Al fundamentar el dictamen, el morenista Jaime Humberto Pérez dijo que es un marco jurídico moderno que “abroga una ley anacrónica”, plagada de vericuetos legales e incompatibles con el combate a la corrupción y la impunidad.
Morena y sus aliados aseguraron que es una norma que terminará con la impunidad y el régimen de privilegios, y evitará que funcionarios púbicos, incluido el presidente, evadan la justicia.
Para PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano el dictamen tiene deficiencias jurídicas, atenta contra el federalismo, el debido proceso y la presunción de inocencia; y además podrá ser utilizado para persecución política.
Advirtieron que pone en riesgo la estabilidad del país, aplica de manera selectiva la justicia y además podrá ser impugnado.
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