La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y expidió la Ley General de Población.
Claudia Téllez
A punto de concluir su primer periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados apresura el paso para sacar reformas pendientes.
Los diputados aprobaron ayer cambios a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y expidieron la Ley General de Población, que pasará al Senado.
Aprueban la Cédula de Identidad Digital
Los diputados aprobaron con 426 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el dictamen que expide la nueva Ley General de Población y que abroga la Ley del mismo nombre publicada en el Diario Oficial el 7 de enero de 1974.
La minuta, que se turnó al Senado de la República, destaca que el derecho a la identidad es un derecho humano primigenio.
Prevé integrar el Registro Nacional de Población con información de todos los mexicanos en territorio nacional o el extranjero y que contará con datos biométricos y género, respetando la identidad asumida por la persona, entre otros.
El documento precisa que los datos personales tendrán carácter confidencial.
Detalla que la Secretaria de Gobernación será la encargada de integrar, concentrar, organizar, custodiar y administrar la información del Registro Nacional de Población; así como establecer, administrar y operar el Servicio Nacional de Identificación Personal.
Expide una Cédula Única de Identidad Digital como documento de identificación, será gratuito e incluirá la Clave Única de Registro de Población, nombre, apellidos, así como fecha y lugar de nacimiento; podrá ser impresa o mostrarse en dispositivos electrónicos.
La minuta precisa que será un documento único de identificación para trámites gubernamentales, así como ante el sector privado y financiero.
En la sesión de Pleno de este jueves, la diputada de Morena, Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, destacó que la Cedula no reemplaza a la credencial para votar del INE o al pasaporte.
«Constituye de forma primaria y fundacional un documento oficial de identificación ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero, y ante las personas físicas o morales con domicilio en el país, así como para todo tipo de trámites o servicios, sin que ello implique remplazar las facultades de aquellos órganos que expiden identificaciones funcionales: INE como credencial para votar, pasaporte como documento para desplazarse del territorio o cédula para acreditar una profesión».
Roció Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación
El diputado del PAN, Miguel Alonso Riggs, dijo que vigilarán la protección de los datos personales de los mexicanos.
La minuta precisa que los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno que cometan actos u omisiones serán sancionados en términos de la Ley general de Responsabilidades Administrativa, sin demérito de las acciones penales correspondientes.
Las conductas que se sancionan son dar a conocer el contenido parcial o completo de algún expediente de carácter confidencial, sin causa justifica no se expida la cédula, retengan el documento o lo expidan ilegalmente; actos u omisiones que violen derechos humanos o se emita información que carezca de sustento, sea desacertada o falsa, entre otros.
Y avalan fortalecer protección a defensores de derechos humanos y periodistas
Con 443 a favor, el pleno de los diputados aprobó reformas y adiciones a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para fortalecer el andamiaje y el mecanismo de protección para estos sectores.
La minuta, que se turnó al Senado, precisa que se establecen acciones y procedimientos entre los tres niveles de gobierno para crear ambientes seguros para la defensa de los derechos humanos, el ejercicio del derecho a informar, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, en los entornos físico y digital.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, la morenista Rocío Barrera, destacó la urgencia de fortalecer el andamiaje para salvaguardar la vida e integridad de estos sectores.
«La urgencia de fortalecer el andamiaje vigente y acercar al gobierno mejores herramientas para atender el problema de violencia, que golpea de manera tan dolorosa a quienes deciden ejercer y defender libertades propias o de terceros, particularmente la libertad de expresión y manifestación».
Roció Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación
La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle confió que se destinen los recursos suficientes para que el mecanismo funcione.
«Debe ser compromiso de esta Cámara de Diputados que cada año se asignen los recursos suficientes para que el mecanismo realmente pueda garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, porque ese es un trabajo fundamental para la democracia de nuestro país».
Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano
Diputados de oposición destacaron que México es uno de los países mas peligrosos para ejercer el periodismo ya que desde 2000 a la fecha, 140 periodistas han sido asesinados y, según la organización Articulo 19, 99.3 por ciento de los casos no se investiga de manera exhaustiva, imparcial y objetiva.
Juvenal Roa, del PRI, recordó que tan solo en abril, cuatro activistas fueron asesinados y de diciembre de 2018 a noviembre de este año, al menos 38 periodistas han sido asesinados.
La minuta establece un Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que será un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaria de Gobernación.
Indica que su Junta de Gobierno será la encargada de la toma de decisiones para la protección integral de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Destaca que las resoluciones que emita serán obligatorias para las autoridades federales, cuya intervención será necesaria para implementar los planes de protección integral individuales, colectivos y comunitarios
Resalta que en caso de incumplimiento de las resoluciones por parte de autoridades federales o locales se dará vista a los órganos internos de control correspondientes.
Prevé la posibilidad de que se determinen responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan.
