La decisión del Poder Ejecutivo de devolver 40% de los tiempos fiscales del Estado mexicano a concesionarios de radio y TV atenta contra el derecho a la libertad de expresión y tiene implicaciones legales que requieren revisión, advierten expertos en telecom.
El decreto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para devolver los tiempos fiscales que corresponden al Poder Ejecutivo a los concesionarios de radio y televisión, atenta contra el derecho a la información y enfrenta complicaciones legales para su aplicación, coinciden especialistas.
Clara Luz Álvarez, investigadora especializada en telecomunicaciones, señala que esta medida -que considera la devolución del 40% de tiempo fiscal- no toma en cuenta obligaciones expresas en la Constitución Política mexicana, como el uso del tiempo fiscal para la difusión de información durante procesos electorales.
Eliminar los tiempos fiscales ha sido una demanda histórica de los concesionarios, que tienen que pagar al Estado mexicano un impuesto en especie del 1.25 por ciento de la transmisión, es decir, 18 minutos para la televisión y 35 minutos diarios en radio.
Con la medida que propone el presidente López Obrador, 40 por ciento de ese tiempo ya no correspondería al Estado mexicano y los concesionarios podrían aprovecharlo para su comercialización, según lo que pretende el mandatario.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, advierte que esta pone en riesgo el derecho a la información, pues se corre el riesgo de que los órganos autónomos que dependen del Poder Ejecutivo ya no puedan difundir sus contenidos.
Otra limitante que encuentran los especialistas es que a pesar de que la intención es que los concesionarios puedan comercializar esos tiempos, hay límites que establece la ley que tendrían que ser modificados.
Texto: Bianca Carretto
