El gobierno federal detectó mil 200 empresas que utilizan posibles esquemas de subcontratación ilegal que afectan los derechos laborales de 862 mil 489 trabajadores.
En la conferencia matutina de este miércoles, el titular del IMSS, Zoé Robledo, dijo que las áreas en donde más se han encontrado irregularidades de subcontratación fueron en hotelería, servicios informáticos, farmacéutica, call centers, minería y producción de alimentos. Detalló que, en diciembre pasado, 14 mil 553 empresas dieron de baja a todo su personal, lo que afectó a más de 64 mil trabajadores.
Se trata de “prácticas pasadas que pretenden no reconocer los derechos de los trabajadores y así no pagar impuestos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, comentó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país, pues para el 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores que prestan servicios bajo este esquema.
Por ello, el IMSS y la Secretaría del Trbajo impulsarán la reforma legal necesaria para terminar con estas prácticas abusivas y nocivas para los trabajadores de México.
Al respecto, el titular de la Procuraduría Fiscal, Carlos Romero Aranda, mencionó que existen prácticas de empresas de subcontratación, y de quienes contratan sus servicios, que son consideradas ilegales y parte de la delincuencia organizada por defraudación fiscal.
“La reforma va a castigar como delincuencia organizada a las empresas que dan outsourcing ilegal, porque su objeto es no pagar cuotas de seguridad social, Infonavit, entre otros”, mencionó.
El funcionario de Hacienda llamó a las empresas que caían en esquemas ilegales de outsorcing o que hayan comprando facturas falsas acudan a la autoridad para regularizar su situación fiscal, ya que quien cometa estas prácticas ilícitas serán responsabilizados de delincuencia organizada y enfrentarían penas de hasta 20 años de cárcel.
Cabe destacar que el outsourcing es una herramienta que usan las empresas para subcontratar trabajadores porque reducen sus gastos generales en sus operaciones diarias, lo cual sí está permitido. Pero se vuelve ilegal cuando, a través de actos simulados, se usa para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales y/o de seguridad social, o se convierte en un esquema de evasión fiscal.
