Organizaciones recomendarán la implementación de “buenas prácticas” como el visado humanitario utilizado ya por países como Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil.
Escucha la entrevista completa con Dinorah Arceta, coordinadora de Incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).
IMER Noticias
Ante el incremento de casos de desplazamiento forzado por motivos del cambio climático, Dinorah Arceta, coordinadora de Incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), platicó con Alberto Nájar en la Primera Emisión de IMER Noticias sobre las demandas que llevarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la audiencia pública “Derechos humanos de las personas en movilidad humana por efectos del cambio climático”, que se llevará a cabo el día de mañana, a petición de 30 organizaciones de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, se expondrá cómo las causas de desplazamiento forzado se han modificado.
“Notamos que a nivel de los estados y del sistema interamericano de derechos humanos no había una conversación real sobre esta situación que está pasando de forma generalizada en las Américas, sobre el desplazamiento forzado a causa de los huracanes, el aumento del mar, la erosión costera, las sequías, etc. Pero, sobre todo, no se ve un enfoque de cómo ésta situación no solo afecta de forma generalizada a las personas, sino también tienen un ente de racismo”, a través del despojo y el extractivismo de desarrollo actual.
La entrevistada destacó que, a nivel internacional, actualmente sólo se da atención a esta problemática en casos de desastres naturales.
Ante el cuestionamiento sobre la diferencia entre el desplazamiento forzado por condiciones económicas y por cambio climático, Dinorah Arceta explicó que en el primer caso existe la posibilidad de que los gobiernos intervengan en el territorio mediante políticas públicas que ayuden a la población a permanecer.
En tanto, por cambio climático, las condiciones se agravan porque no hay modo de quedarse en sus territorios, a pesar de la intervención de Estado, por ejemplo, cuando el nivel del mar desaparece algún territorio o comunidad.
Ante esto, las organizaciones recomendarán la implementación de “buenas prácticas” como el visado humanitario utilizado ya por países como Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil; medida que ayuda a que las personas se trasladen de manera segura a otro país.
Asimismo, se propondrá cambiar el modelo de desarrollo actual en la región, para erradicar el extractivismo y el despojo “no basado en la sostenibilidad”.
A 40 años de la Declaración de Cartagena sobre personas refugiadas, Arceta pidió retomar dichos estándares, “generando políticas públicas intersectoriales que reconozcan que la movilidad está interconectada con factores diversos y que generen estos estándares de relocalización para aquellos que ya perdieron por completo su territorio, que haya reunificación familiar, que tengan acceso a los servicios públicos y, sobre todo, se defienda a aquellas personas defensoras del territorio”.
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