Aunque el gobierno reconoce la falta de un registro fidedigno de migrantes desaparecidos, las cifras oficiales muestran un repunte de desapariciones, en este año.
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Adriana Esthela Flores
Ocho días después de haber sido liberados de su secuestro, el primero de diciembre, los hermanos Julmer y Heysell Martínez por fin llegaron a salvo a Estados Unidos, casi un mes después de que emigraron de su natal Jalapa, departamento de Nueva Segovia, Nicaragua. Su viaje se vio interrumpido en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando secuestradores los retuvieron y los grabaron, con sus teléfonos celulares, pidiendo ayuda para lograr el pago de 30 mil dólares a cambio de sus vidas.
A partir de entonces, comenzó la pesadilla tanto para los hermanos como para su familia que, a través de una prima, realizó la colecta del dinero. Juntaron 10 mil dólares y después, los liberaron.
“Bueno, lo primero fue pedir ayuda y luego a Dios porque no teníamos ese dinero, nos ayudó Dios y de ahí toda la población […]. Es difícil, lamentable, la situación que pasa en México porque seria bueno que las autoridades apoyaran más porque no solamente fueron mis primos, fueron demasiadas personas secuestradas, son cada vez más, noticias y noticias.”
El caso se sumó a una lista de secuestros de migrantes que, desde mediados de año, se han registrado en varios puntos de la ruta hacia el norte de México -como Lerdo y Gómez Palacio, Durango así como Ciudad Juárez, Chihuahua- que, de acuerdo con especialistas, evidencia el alto riesgo de que puedan ser víctimas de secuestro o desapariciones.
Para Fabienne Cabaret, coordinadora del área de Defensa de Fundación para la Justicia, esto es una muestra de que aún faltan acciones en la estrategia para buscar a migrantes desaparecidos y, sobre todo, combatir la corrupción.
“Yo creo que eso evidentemente nos remonta a la etapa de la explotación económica del migrante que debe pagar al coyote o a la red de narcotráfico sino en distintos puntos dentro de México donde tiene nuevamente que pagar y de ahí regresamos a distritos actores que intervienen y tienen contacto con la población migrante, incluyendo las autoridades.”
El repunte
Cifras oficiales indican un repunte en la desaparición de personas migrantes en este año, al aumentar de 12 en 2021 a 91, hasta el corte del 14 de diciembre. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el total histórico de migrantes desaparecidos suma 168.
Los estados con el mayor número de migrantes desaparecidos son: Veracruz (34); Sonora (14); Chiapas (11); Chihuahua (9) y Ciudad de México y Baja California, con siete personas cada uno. Por nacionalidades, los hondureños son los más afectados, con 29 desaparecidos; le siguen los nicaragüenses, con 28; estadunidenses, 21; guatemaltecos, 18 y Colombia, 14. En la mitad de casos, se trata de hombres de 20 a 34 años de edad.
Las rutas de mayor riesgo son Tapachula, Chiapas y especialmente, los estados de la frontera norte como Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, aunque se han incorporado zonas como Tlaxcala, Puebla, Guanajuato y San Luis Potosí.
¿A qué se debe este incremento? Álvaro Martos, coordinador de Investigación del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, menciona estos factores: Aumento de las desapariciones en general, cambios en política migratoria acordados entre los gobiernos de México y Estados Unidos en 2019 y una estrategia de seguridad basada en el despliegue militar, que empuja a las y los migrantes a buscar otras rutas.
Para esto, hay un dato: de más de 147 mil militares desplegados el último mes en territorio nacional, la segunda misión con el mayor número de efectivos fue la estrategia migratoria, con 31 mil 607 elementos.
“México se ha convertido en tercer estado seguro que implica contener esos flujos migratorios a como dé lugar y ese es militarizando las fronteras y eso genera costos e impactos en derechos humanos y uno de ellos tiene que ver con la mayor incidencia de delitos sobre personas migrantes, violación a derechos humanos y su desaparición.”
A esto, se suma la ampliación de las actividades criminales de grupos delictivos que, además del tráfico de drogas, se dedican a la extorsión, trata de personas y secuestros. El costo por el cruce desde la frontera sur de México hacia Estados Unidos oscila entre tres y diez mil dólares, según estudios de la Secretaría de Gobernación.
“Hay toda una industria y economía ilícita que gira en torno a la explotación de migrantes como mano de obra, tráfico sexual o procesos de secuestro y extorsión, migrantes van pagando diferentes sumas para avanzar en ruta migratoria.”
El subregistro
“A pesar de los avances en la legislación y de la creación de mecanismos e instituciones especializadas en la materia, aún existen desafíos en el registro de desapariciones de personas migrantes”, reconoce el estudio “Análisis de los mecanismos y sistemas de recopilación de información sobre desapariciones y fallecimientos de personas migrantes en México 2017-2022”, elaborado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
Entre los desafíos, menciona la burocracia y poco personal para atender denuncias y la falta de intercambio de información o investigaciones paralelas entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Para la especialista Fabienne Cabaret, uno de los mayores obstáculos es que no hay suficientes mecanismos para las denuncias desde el extranjero y también, la corrupción en autoridades migratorias. .
“Mientras el fenómeno del tráfico y delictivo están generando grandes ganancias ni solo para redes de tráfico sino para las propias autoridades de seguridad pública y migratorias, difícilmente vamos a avanzar. Entonces creo que hay doble discurso: eso bueno que podamos tener en la agenda el tema de la desaparición pero el tema es cómo se aterriza esto.”
Además del registro nacional, existen por lo menos cinco estimaciones:
- Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos: 2 mil desaparecidos solo en 2020.
- Movimiento Migrante Mesoamericano: Entre 72 mil y 120 mil, desde 2006 a 2016
- Organización Internacional para las Migraciones: 3 mil 716 personas migrantes muertas y/o desaparecidas de 2014 a 2021
- Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes: 328 casos.
- Servicio Jesuita a Migrantes: Mil 280 casos atendidos entre 2007 y 2021
¿Por qué no se ha logrado un registro confiable? Martos destaca la falta de puentes institucionales para activar mecanismos de búsqueda desde el extranjero; la falta de registros e identificación de restos forenses; y de coordinación e intercambio de datos entre fiscalías y comisiones locales.
“La sensación es que avanzamos en dos ritmos: uno a nivel institucional con nuevos grupos y mesas y mecanismos para migrantes que avanzan a ritmo demasiado, las desapariciones han aumentado. Lo que avanza más rápido son las desapariciones, entonces el Estado mexicano se sigue quedando atrás.”
La esperanza en pie
Ana Enamorado es una madre coraje en búsqueda no solo de su hijo, Óscar Antonio, sino de otras hijas e hijos centroamericanos. Desde aquel 12 de enero de 2010, cuando recibió la última llamada telefónica de su hijo, desde una zona de Jalisco, ella empezó a buscarlo primero en su país y luego acá, en México.
En enero, creó junto con once familias la Red Regional de Familias de Migrantes, que realiza acciones de búsqueda en campo, difusión e intercambio de datos sobre 18 personas migrantes desaparecidas, en un país distinto al que nacieron.
“La vida no es nada fácil llegar a conocer, a enfrentarse también con las autoridades, es un doble sufrimiento, acudir a ellas y no resuelven nada.”
Dos denuncias, un expediente ante Segob y dos amparos forman parte del camino judicial que ha recorrido Ana para exigir a las autoridades que busquen y encuentren a su hijo. En octubre, encabezó la más reciente diligencia en campo, pero no obtuvo datos nuevos para la investigación. Lo que la mantiene en pie, es el amor por su hijo.
“A partir del día 1 creo que es el más difícil, porque desde el momento en que se pierde la comunicación con el familiar ni sabemos qué hacer, quedamos bloqueados y sin conocimiento para realizar una búsqueda, entonces cada día que pasa nos enfrentamos a situaciones duras, dolorosas y muy desesperanzadoras. En estos doce años, no ha habido un día difícil para mí, todo eso es una tortura, día a día.”
Albergue migrante Casa Tócha. Foto: Adriana Esthela Flores
Mientras espera una nueva oportunidad para cruzar hacia Estados Unidos y luego, a Canadá, Julio, un venezolano de 26 años de edad que salió desde hace cinco años de su país, escucha música cristiana, llanera, ranchera o rock, para distraerse.
Acaba de hacer una pausa en sus labores de soldador, en el albergue migrante Casa Tóchan, al poniente de la Ciudad de México. Apenas en agosto tomó la decisión: cargó unas cuantas cosas de su casa en Bogotá para iniciar la ruta hacia el norte en autobús, luego a bordo de una lancha desde Necoclí hacia la entrada de la selva del Darién, avanzó hasta cruzar el Suchiate y siguió camino arriba, hasta llegar a la capital mexicana.
El tramo más difícil, cuenta, fue la semana que pasó en la selva, donde vio cadáveres arrastrados por el río y supo de compañeros migrantes asaltados por grupos criminales. Aquí en México, también le han contado de las desapariciones, pero él asume el riesgo para que sus cinco sobrinos, su mamá y su tía tengan un mejor futuro.
“¿Qué le dicen en México? Que son personas que se las llevan tratadas, piden rescate y si no pagan, te envían fotos. Pero todo es porque he tomado, he podido hablar con mis compatriotas y hablamos de cómo nos ha ido, las historias son diferentes pero son casi todas iguales. Estoy solo pero no solo, estoy con dios pero no pierdo la fe en seguir adelante porque la fe es lo último que se pierde.”
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