Como servidores públicos tienen el privilegio del fuero, por lo que sólo quitándoselos pueden ser llamados a rendir cuentas ante la justicia
IMER Noticias
La Cámara de Diputados deberá resolver al menos cinco solicitudes de desafuero que, de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, se votarán esta semana antes de concluir el periodo ordinario de sesiones.
El fuero es una figura que sirve como protección para servidores públicos ante acusaciones en su contra, lo que implica que si son denunciados por algún delito, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales no pueden ejercerles ninguna acción penal.
Por ello, para que un juicio pueda proceder, primero se requiere que haya una declaración de procedencia o juicio de desafuero, una decisión que está en manos de la Cámara de Diputados, que se instala como órgano acusador.
Estos son los casos de desafuero que la Cámara tendrá en sus manos:
Francisco García Cabeza de Vaca
La FGR presentó ante la Cámara de Diputados una acusación contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
Cruz Pérez Cuéllar
El senador por el PAN fue señalado por la Fiscalía de Chihuahua como beneficiario de la denominada “nómina secreta” del ex gobernador César Duarte, por lo que ha sido solicitado el retiro de la inmunidad procesal del legislador.
Mauricio Toledo
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para iniciar el procedimiento de desafuero solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra del diputado federal del Partido del Trabajo por presunta comisión de enriquecimiento ilícito.
Benjamín Saúl Huerta
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presenta este martes la solicitud de desafuero contra el diputado federal de Puebla, por el partido de Morena, acusado de agredir sexualmente a un menor de edad en un hotel de la Ciudad de México.
Uriel Carmona Gándara
La FGR abrió en mayo de 2020 la carpeta de investigación en contra del fiscal de Morelos por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilítica, así como delincuencia organizada en modalidad de terrorismo, acopio y tráfico de armas.
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