Entre abril de 2011 y 2012, los años de más profunda violencia en Durango, se encontraron fosas clandestinas en casas sin habitar, predios ejidales y lotes abandonados, donde fueron exhumados 383 cadáveres; 26 eran de mujeres. Las retroexcavadoras que usó el Estado para sacarlos de la tierra desmembraron a los cuerpos e imposibilitaron su identificación.
Por Equipo de Quinto Elemento Lab*
Aquel lunes 11 de abril de 2011, en la calle Constituyentes del fraccionamiento Las Fuentes, al noroeste de la ciudad de Durango, policías federales y militares cercaron con dos camionetas, una tanqueta y con cinta amarilla un precario taller donde se reparaban radiadores. Adentro, el ruido de la retroexcavadora nos impedía escuchar la conversación entre unos agentes ministeriales que usaban guantes y que, encima de sus uniformes negros, traían puestas batas blancas. A esos agentes les tocaba apilar los cadáveres que, de un hoyo del tamaño de una tina de baño, extraía la pala dentada con la que muerde la máquina retroexcavadora, mejor conocida como mano de chango.
Al operador del armatoste amarillo se le notaba su falta de pericia a la hora de flexionar el brazo mecánico, pero era más evidente a la hora de sacar los cuerpos porque los despedazaba. Junto con los terrones de tierra, caían cuerpos partidos por la mitad, cuerpos que, en unos casos, todavía parecían estar frescos, cuerpos mutilados, pedazos. Ese día rescataron cuatro cadáveres pero, conforme pasaron las horas, fueron saliendo más.
“Interrogamos a unos detenidos y ahora sabemos que hay un chingo de fosas regadas por toda la ciudad”, nos dijo en aquel entonces uno de los comandantes de la Policía Federal que custodiaba la fosa y que había sido enviado a Durango, no sólo porque en ese tiempo se atravesaba por una crisis de secuestros y desapariciones, sino porque también habían arreciado los asesinatos entre narcotraficantes de un mismo cártel. Uno de esos detenidos, de los que hablaba el comandante, era Bernabé Monje Silva, el M14, un expolicía ministerial de Chihuahua que había empezado su carrera delictiva con La Línea y que en ese año, el 2011, era uno de los hombres fuertes de Joaquín el Chapo Guzmán.
Aquel comandante de PF no nos mintió respecto a las fosas:
La mañana del jueves 14 de abril, tres días después del descubrimiento de la primera fosa en el noroeste de la ciudad, una pareja de profesionistas se despertó con el ruidajo que sonaba afuera de su casa, en un fraccionamiento de interés social. Cuando se asomaron a la calle Hacienda del Coyote, una que aún ahora es poco transitada en el barrio de Provincial, observaron que unos militares intentaban entrar a la fuerza a la casa. “Necesitamos excavar”, les ordenaron sin darles mayor explicación. El matrimonio abandonó la propiedad antes de que la máquina rompiera el piso del patio. No supieron que se extrajeron 12 cadáveres, ni vieron cuando los agentes ministeriales amontonaron los cráneos y los cuerpos. Mucho menos vieron cuando otros agentes del Servicio Médico Forense echaron los cadáveres a unas camionetas.
Fue así como se supo que la temporada de fosas en la ciudad había empezado y que a los muertos los estaban sacando como si fueran cascajo.
El Servicio Médico Forense de Durango se da a la labor de recoger los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas en un predio de la colonia Las Fuentes en el año 2011. Crédito: Fermín Soto.
* * *
Un ex perito federal, de cuyo nombre no debemos acordarnos, nos contó que en la primera fosa que encontraron, o sea, la del taller de radiadores, la retroexcavadora desmembró la mayoría de los cuerpos en los dos primeros días. Que las señas particulares de los cuerpos se perdieron por las dentelladas de las máquinas amarillas. Que el daño que sufrieron los cuerpos por la mano del chango, además, pendió del tiempo de putrefacción. Que de ninguno de los cuerpos se pudo saber, bien a bien, la causa de muerte (o quizás no se quiso saber).
Que usaron maquinaria pesada porque ninguno de los peritos sabía cómo estaban enterrados los cuerpos. Que en esa fosa, la del taller, se hallaron 89 cadáveres; tres eran de mujeres. Que el cuerpo que más tiempo había estado escondido bajo la tierra tenía, como máximo, un año de asesinado. Que también encontraron cuerpos que tenían un mes enterrados. Que, hasta donde se acuerda, el equipo interdisciplinario depositaba a los cuerpos en bolsas mortuorias y que se les identificaba por cuadrantes, cuadrantes en los que tuvo que ser dividida la fosa por la cantidad de cadáveres. Que luego se transportaban a la Fiscalía y que, en caso de contar con el tiempo y con el espacio disponible, se realizaba la necropsia.
Que, pese a todo, se tomaron muestras de ADN en cabello, encías y en sangre. Que se raspaba el hueso y eso lo mezclaban a los reactivos para el análisis e identificación. Que, en los casos donde sólo se contaba con huesos, se obtuvo información genética de la médula. Que para todas las fosas se destinaron cinco médicos legistas y el doble de peritos. Que las jornadas de trabajo eran de 36 horas por 48 de descanso. Que nada que ver con ahora, donde existe todo un grupo de especialistas.
El ex perito federal nos contó, además, que los exámenes de ADN para familiares de las personas desaparecidas los pagaron los gobiernos estatal y federal. Que no se hicieron muchos exámenes porque eran muy caros. Que, como el hallazgo de fosas fue masivo, la Fiscalía rentó dos contenedores de refrigeración, como los que se usan para transportar carne, y que estuvieron parados en el estacionamiento de la Fiscalía casi cuatro meses. “Los contenedores representaron tal foco de infección que hubo funcionarios y familiares de las víctimas que se enfermaron del estómago y de la garganta”.
Nos dijo que muchos de los cuerpos de Durango fueron a dar a la fosa común que abrieron en la sección sur del panteón Valle de los Sabinos. “La Fiscalía exhumó los cuerpos porque el nivel de descomposición del material genético no era confiable para la compatibilidad con personas a las que se les habían tomado muestras de ADN”. Y también nos contó que el gobierno del estado argumentó que no pudo identificar varios cuerpos porque el suelo contaminó la cadena genética. “Pero hubieran podido hacerla con la médula de un hueso”.
Al final, el ex perito nos resumió su experiencia en Durango en una frase: “No tuvimos ni la capacidad humana ni técnica para preservar los cuerpos”.
El antropólogo Jorge Arturo Talavera lo dijo de otra manera en julio de 2013, durante una reunión entre la entonces PGR y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) donde anunciaron la colaboración forense:
“Una excavación es como leer un libro: si le arrancamos hojas, no sabremos cómo empezó, qué sucedió en medio y cómo terminó la historia. En el caso de (las fosas clandestinas de) San Fernando (Tamaulipas) y Durango, se destruyó el libro completo”.
Después de varios años y de varias solicitudes de información a la Fiscalía de Durango, hoy se sabe algo más de ese libro destruido:
Que fueron 383 los cuerpos -357 de hombres y 26 de mujeres- desenterrados entre abril de 2011 y 2012, los años de profunda violencia en el estado. Y que, hasta 2019, seguían sin ser identificados 259: 186 hombres, 15 mujeres y 61 “restos óseos” que no alcanzaron la categoría de cuerpo.
La mayoría regresó al suelo, enterrados en una fosa común.
Diversos cráneos, extremidades y cuerpos fueron encontrados en una de las fosas clandestinas en la ciudad de Durango, el 20 de abril del 2011. Crédito: Fermín Soto.
Agentes de la fiscalía general del estado de Durango ayudan a peritos del Semefo en la recuperación de restos humanos en las fosas encontradas en el fraccionamiento Las Fuentes. Crédito: Jorge Valenzuela.
* * *
La siguiente fosa clandestina, la cuarta —pero es probable que antes hubiera otras—, fue la que apareció en la colonia San Vicente, al sur de la ciudad, el 3 de mayo de 2011. En esa fosa, la retroexcavadora amarilla sacó y desmembró 53 cuerpos, entre ellos cuatro de mujeres. El entonces vocero del gobierno, Héctor Vela, dijo que había cuerpos de policías que habían sido asesinados por negarse a trabajar para el crimen. “A los policías se les obliga cuidar a los secuestrados”, dijo durante una rueda de prensa. Lo que no dijo, porque entonces nadie lo sabía, era que en esa fosa, la de la colonia San Vicente, entre los cuerpos extraídos se encontraba el de Armado Rodríguez Morales, mejor conocido como El Cheyenne, fundador del Partido Duranguense. Al Cheyene lo habían secuestrado mes y medio antes, el 16 de marzo de 2011, cuando se encontraba en su casa.
La quinta y sexta fosas fueron localizadas entre el 7 y el 16 de mayo, en la popular colonia Valle del Guadiana.
La del día 7 fue encontrada detrás de una refaccionaria pequeña sobre la avenida Teresa de Calcuta, esquina Jorge Rivero. De los 45 cadáveres que se extrajeron, uno de ellos —se supo casi un año después, en marzo de 2012— pertenecía al panista Alfonso Peña, quien hasta mediados de 2010, cuando fue secuestrado junto a sus escoltas, era alcalde con licencia del municipio serrano de Tepehuanes, en los linderos del famoso Triángulo Dorado del narcotráfico mexicano.
La fosa del día 16 de mayo fue hallada en un predio bardeado de la calle Valentín Trujillo, un terreno donde sólo entraba y salía gente por las noches. Algunos vecinos, molestos por el escándalo y el olor, no dormían. Otros se resignaban a ver el polvo que removía la máquina y que se alcanzaba a observar por encima de la barda. Los camarógrafos de las televisoras locales alzaban sus equipos para conseguir la mejor maniobra de las máquinas. Los federales obligaban a los ministeriales a seguir con el rescate de cadáveres y los operadores de las máquinas trabajaban sin pestañear. El barrio estaba desierto. Los automovilistas tomaban otra ruta para evitar los terrenos cerrados por militares y policías.
No todos los días, en el patio de tu casa, encuentran enterradas los cuerpos de siete mujeres y de 40 hombres.
En un mes de la temporada de fosas sumaban 246 cadáveres, la mayoría de ellos recuperados por retroexcavadoras. En ese entonces, algunos peritos de la extinta PGR hablaron con los corresponsales de medios nacionales y se quejaron de los métodos. Uno de ellos, el 20 de mayo de 2011, dijo a Excélsior que en la exhumación no se habían aplicado los procedimientos adecuados. “Sustrajeron los cuerpos con maquinaria, como si fuera cascajo. Destrozaron cadáveres sin ningún respeto y sin protocolos”, se quejaba el perito y estimaba, en ese momento, que por ese salvajismo más de 100 cuerpos no serían identificados.
Pese a que en las fosas clandestinas de Durango el número de cuerpos encontrados era todo un récord, la cobertura periodística se fue a las fosas de San Fernando, Tamaulipas, donde se rescataron 193 cadáveres durante abril de 2011. Quizá porque San Fernando quedó apestado después de los 72 migrantes asesinados por los Zetas.
* * *
El edificio de la Fiscalía General del Estado de Durango es una construcción rectangular, pero sobre todo fría. Muy fría. Al menos eso nos dijo Luz, una mujer que viajó de Torreón a Durango apenas supo del descubrimiento de las tumbas clandestinas. Su hijo, un gendarme en la Comarca Lagunera, había desaparecido un mes antes, y ella, Luz, no había dejado un solo día de buscarlo. Por eso estaba parada en una de las rampas de la fiscalía, esperando a que a un agente investigador se le ablandara el corazón y le dijera que sí, que iniciaría con el protocolo de cotejo de ADN para saber si el gendarme se encontraba en alguna de las fosas. Pero con lo que se encontraba Luz, como encontraron decenas de mujeres que buscaban a sus hijos o esposos o hermanos, era con evasivas de los agentes. “Es muy caro el proceso, señora”. “No hay lana para los exámenes”. “¿Para qué le busca?, mejor no saber”. “No tenemos el equipo”. “No tomamos fotos”. “No tenemos el archivo”.
“Puras largas nos dan, lo que quieren es que nos desesperemos y nos vayamos”, nos dijo en ese entonces Juana, una mujer de baja estatura a quien era común verla en la entrada principal de la fiscalía. A Juana le habían tomado muestras a regañadientes y le habían dicho: “váyase a su casa, aquí nos encargamos”. Pero Juana no se fue. Todos los días cruzaba media ciudad (vivía en la colonia Benjamín Mendez) y esperaba horas a ser atendida. “No hay nada todavía, nosotros le hablamos”. Los agentes parecían gozar cada negativa que le daban.
“Yo sólo quiero que me enseñen los cuerpos, sé que identificaría a mi hijo, pero no quieren, siempre se niegan”, nos dijo Juana, a quien le perdimos la pista.
Familiares de personas desaparecidas sufren al pensar que sus seres queridos se pueden encontrar enterrados en las fosas clandestinas encontradas en la colonia Valle del Guadián. Crédito: Jorge Valenzuela.
* * *
Este es un fragmento del séptimo reportaje de la serie #CrisisForense, de Quinto Elemento Lab, que revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Para conocer la investigación completa, visita www.quintoelab.org/crisis-forense
