El académico de la UNAM y abogado constitucionalista, Francisco Burgoa, recalca que, a pesar de que la Suprema Corte no eliminó esta medida cautelar, esta decisión podría cambiar con el fallo de la CoIDH.
Escucha la entrevista completa con Francisco Burgoa
IMER Noticias
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la prisión preventiva oficiosa aún es válida como medida cautelar en México.
Sin embargo, los y las ministras invalidaron una parte de la reforma de 2019, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual incluía diferentes distintos delitos fiscales en el catálogo para aplicar la medida cautelar como:
- Contrabando.
- Defraudación fiscal.
- Emisión de facturas falsas en el régimen de delincuencia organizada.
Pese a que la Corte no eliminó la prisión preventiva oficiosa, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco Burgoa, recordó que aún existe otra vía para invalidar la medida y está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Francisco Burgoa recordó que los criterios de la Corte IDH remarcan que la prisión preventiva debe ser una medida “excepcional” y no la regla.
Por ello, existe la posibilidad de que la Corte Interamericana obligue al Estado mexicano a invalidar la medida. En especial, cuando aún no emite un fallo sobre el caso de Daniel García y Reyes Alpízar.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva, en breve tiempo, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Estoy seguro que va a condenar al Estado mexicano. Ahí sí, tendrá que reformar la Constitución para eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa”.
En entrevista para IMER Noticias, Francisco Burgoa recordó que eliminar esta medida no quiere decir que se esté a favor de la impunidad, sino que viola los derechos humanos.
“Esta medida es arbitraria y viola derechos humanos. Pero, si somos sensibles con las personas que están en prisión varios miles han pasado varios años y ahí siguen por esta figura. Hasta que no seamos nosotros o una persona cercana a nosotros no vamos a entender”.
¿Qué es el caso Daniel García y Reyes Alpizar?
El 15 de mayo pasado, un juez sentenció a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz a 35 años de prisión por el asesinato de la regidora panista de Atizapán, María de los Ángeles Tamez Pérez, en septiembre de 2001.
Sin embargo, ambos acusados pasaron 17 años en el penal de Barrientos y en prisión domiciliaria sin una sentencia. Esto, derivado de la figura judicial de prisión preventiva oficiosa.
Este caso llegó a la Corte Interamericana donde aún no emite su fallo sobre si la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia o no.
Te recomendamos:
