El INEGI presentó la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas,. Trata temas de corrupción y regularización de empresas
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Asunción Cabrera
La corrupción de los servidores públicos es un tema central para las empresas ya que se estima a nivel nacional un total de 204.3 mil unidades empresariales víctimas de actos de corrupción. Esto representa una tasa de 510 víctimas por cada 10 mil unidades económicas, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2020, presentada por el INEGI.
La encuesta brinda información sobre las experiencias y percepciones de las unidades económicas del sector privado al solicitar trámites y servicios públicos. Es el reflejo de la calidad institucional del gobierno y las interacciones entre el sector público y privado.
¿Cuál es la percepción de la gente respecto a los servidores públicos?
Óscar Jaimes, Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, habló sobre las evaluaciones en cuanto a la percepción de corrupción de los servidores públicos y los principales motivos.
“Este indicador pasó de 82.2% de las unidades económicas que consideran que la corrupción es frecuente entre los servidores públicos a 71.5 por ciento en 2020, hay una disminución estadísticamente significativa con este 71. 5%”
- 72.6% de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites
- 37.9% considera que es para evitar multas o sanciones
- 36.4% para evitar la clausura del establecimiento
Además de los actos de corrupción por parte de los servidores públicos, el marco regulatorio bajo el cual están sujetas las empresas, se percibe como otro obstáculo que limita sus acciones.
“28.2% del total de las unidades económicas consideraron que durante 2020 el marco regulatorio representó un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos del negocio. En 2016 este porcentaje fue de 20.2%. Para el 2020 las empresas pequeñas como las del sector industrial observaron al marco regulatorio como un obstáculo en mayor proporción”.
El costo de la regulación
Se dijo también que las empresas pudieron identificar costos monetarios al realizar acciones relacionadas con su regulación. A nivel nacional el costo monetario del cumplimiento de las regulaciones se estima en 238.9 mil millones de pesos. Esto equivale al 1% del PIB nacional.
Julio Santaella, presidente del INEGI, señaló la importancia de la encuesta como un instrumento para generar información y que ésta sirva a la toma de decisiones en materia de calidad regulatoria, así como la provisión de servicios públicos. Además, puntualizó el número de trámites realizados.
Te recomendamos:“Se realizaron 80 millones de tramites, pagos o solicitudes de servicio ante autoridades municipales, estatales o federales. Esto corresponde a un promedio anual de 20 trámites por unidad económica; lo que nuevamente hay que diferenciar entre las pequeñas y las grandes empresas y también por entidad federativa”.
