Para la identificación de personas fallecidas en el país se ha puesto en marcha el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
La comisionada Karla Quintana, en entrevista con Elia Baltazar.
IMER Noticias
Los servicios médicos forenses (Semefo) deben ser autónomos y no depender de las fiscalías estatales, ante el rezago de decenas de miles de cuerpos sin identificar hasta ahora.
Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de México, dijo que un cambio de esta magnitud permitiría combatir lo más rápido posible la crisis forense por la que atraviesa el país.
Entrevistada en IMER Noticias, en el marco de la presentación del grupo de expertos que encabezan el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), Quintana explicó que hay una deuda con los familiares de las personas desaparecidas en el país, cuya cifra ha ascendido a 91 mil 327 entre marzo de 1964 y agosto de 2021.
“No podemos pensar que el MEIF va a solucionar todo, sino que tenemos que recordar la obligación del Estado mexicano y de las diferentes autoridades para mejorar los servicios médicos forenses y cambiar la metodología de identificación. Si no caminamos de manera paralela e incluso si no pensamos en las reformas que quiten los servicios forenses a la fiscalías y que sean autónomos como en otros países, difícilmente vamos a poder combatir lo más rápido posible esta crisis en materia forense”.
El MEIF está integrado por cuatro forenses, un jurista, un experto en cooperación internacional y una experta con enfoque social. Su trabajo consiste en hacer primero un análisis de la situación actual en México para después realizar acciones que permitan la identificación de personas en las morgues y fosas comunes del país.
Para realizar correctamente su trabajo necesitarán de la colaboración de las fiscalías estatales, lo que ha quedado claro en el acuerdo que permite la creación del MEIF.
También lo que ha quedado claro es que el MEIF podrá trabajar en la identificación de cuerpos que estén registrados antes del 5 de diciembre de 2019. Después de esa fecha, la responsabilidad recaerá exclusivamente en los servicios forenses de las fiscalías.
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