Se necesita la participación de al menos 40% de la lista nominal para que la consulta sea vinculatoria, es decir, 37.5 millones de votos.
Adriana Esthela Flores
Cincuenta y dos palabras están en el centro del debate político en México. La ambigua pregunta formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la consulta popular del 1 de agosto provoca numerosas interrogantes sobre sus efectos legales.
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
El mismo presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reconoció que la compleja redacción de la pregunta se hizo de manera consciente, para evitar temas de inconstitucionalidad. Bajo la premisa de que la justicia no se consulta y por respeto al debido proceso, la Corte determinó quitar los nombres de los ex presidentes.
Las opiniones están divididas. Hay expertos, críticos y activistas que consideran que es un proceso que no llevará a nada. Incluso hay quienes vaticinan que no se logrará el número de votos necesarios para que sea vinculatoria. Esto es 40 por ciento de la lista nominal o 37.5 millones de votos.
Al otro lado están las voces que afirman que esta consulta es un primer paso hacia un concepto jurídico surgido ante la falta de sanciones y del esclarecimiento de los casos graves de violaciones a los derechos humanos: el derecho a la verdad.
¿Qué caminos surgirán a partir de que se realice la consulta este 1 de agosto?
LA RUTA DEL SÍ
El 5 de julio, los colectivos Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Justicia Transicional MX y Elementa iniciaron la campaña “La verdad tras la consulta”. En ella exigen que el proceso debe llevar a crear una Comisión de la Verdad para esclarecer hechos, causas y consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos en la historia reciente del país.
Entre los expedientes destacan más de 89 mil víctimas de desaparición forzada, 35 mil 659 casos de tortura y 320 mil homicidios violentos. La Comisión de la Verdad garantizaría principios de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición, explicó Graciela Rodríguez Manzo, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
“Tenemos derecho a saber qué es lo que pasó, quien cometió esos crímenes, por qué no han sido juzgadas las personas que cometieron estos crímenes. Conociendo esto se da o se crea el camino para conocer quienes han sido los perpetradores y buscar que sean investigados y juzgados y garantizar el acceso a la justicia a las miles de víctimas”.
Para definir los alcances, exigieron a la Corte responder a cinco preguntas, entre ellas: ¿Cuál es el periodo que debe entenderse como “años pasados”?, ¿qué se entiende por “actores políticos del pasado”?, (pues también podría incluir grupos armados al margen de la ley, grupos o redes de delincuencia organizada), y ¿qué significa el término “proceso de esclarecimiento”?
“Independientemente del resultado, estos derechos de las víctimas a acceder a la justicia, a memoria colectiva, subsisten independientemente del resultado porque son derechos”.
El alcance de la consulta podría abarcar desde hechos del pasado inmediato hasta episodios ocurridos en décadas anteriores como el de “La Guerra sucia”, durante los setenta, cuando gobernaba el ex presidente Luis Echeverría, consideró el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pablo Xavier Becerra. El proceso de esclarecimiento de casos, indicó, podría llevar a la creación de comisiones de la verdad.
“El presidente ha estado hablando todos estos días de que el tema de la consulta los ex presidentes pero eso es una mentira. Puede ser desde la independencia de México, puede ser la matanza de Tlatelolco, puede ser el 10 de junio, puede ser la construcción de la línea 12 del Metro y que condujo a la muerte de 26 ciudadanos, en fin, puede ser cualquier cosa de los años pasados porque la pregunta no lo delimita”.
En caso de que la consulta resulte vinculante, el gobierno podría iniciar procesos judiciales abreviados para deslindar responsabilidades en casos que quedaron sin castigo, como las matanzas de Acteal y Aguas Blancas, advirtió Miguel Eraña, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
Además, destacó que diversas autoridades podrían iniciar procesos de investigación y rendición de cuentas sobre crímenes del pasado.
“Hay que celebrar que existe la consulta, es bueno para la democracia y permite que actores políticos sigan discutiendo sobre hechos o actuaciones del pasado, las losas de la historia quieren posarse sobre acontecimientos o actuaciones que tienen que ser revisadas, porque una de las características de las democracias contemporáneas en que deben masificar su pasado”.
El Comité para el Juicio a ex presidentes también tiene delineado un camino a seguir, posterior a la consulta. Hay un equipo jurídico que ya comenzó el diseño de una propuesta de reformas a la Ley de Consulta Popular y de otras vías legales para sancionar delitos vinculados a corrupción, explicó Ariadna Bahena, integrante del comité.
“Estamos armando una propuesta para presentar en el primer momento, reformas a la Ley de Consulta Popular y la forma en cómo podemos ir aglutinando las diferentes denuncias y carpetas de investigaciones en torno a un delito que no prescriba”.
LA RUTA DEL NO
Hay quienes han llamado abiertamente a no participar en la consulta al considerarla un engaño. Es el caso de Luis Carlos Ugalde, ex presidente de lo que fue el Instituto Federal Electoral.
A través de una columna publicada el 29 de junio, calificó al ejercicio como “falaz e irresponsable”, pues advirtió que el presidente López Obrador podría ser acusado de obstrucción de la justicia, al no haber denunciado posibles delitos.
“Es mantener azuzada la narrativa de López Obrador de que combate el mal con el apoyo del pueblo, mantener la división del pueblo contra élites rapaces y abusivas, es mantener el discurso de que cuando él llega, todo cambia , es mantener el relato del bien contra el mal”.
Para el profesor Pablo Xavier Becerra, el presidente López Obrador busca, a través de la consulta, un objetivo político.
“La consulta tiene un objetivo claro, un objetivo de propaganda política para que el presidente siga en campaña electoral”.
Ante los escasos 18 días de campaña oficial para la consulta, así como la confusión provocada por la pregunta y el limitado despliegue de mesas receptoras de votos: ¿Qué pasará si no acude el 40 por ciento de la ciudadanía requerida para que sea vinculante?
Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, dijo que si esto ocurre el ejercicio democrático quedaría como parte de la historia.
“En la historia se queda y en el recuerdo de las personas, en el sentido de que los efectos jurídicos ya no serían vinculantes, solo un hecho en la historia nacional”.
El 4 de agosto vence el plazo para que el Consejo General del INE informe los resultados de la consulta. Si se cumple la participación requerida, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo y las autoridades competentes. Además tendrá efectos durante los tres años siguientes a la declaratoria de validez.
Así, marcado por la incertidumbre, avanza el proceso de la primera consulta popular federal del primero de agosto.
