Los ministros de la Corte aprobaron la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, además reformularon la pregunta que se aplicaría, la cual deja fuera los nombres de los exmandatarios.
IMER Noticias / Redacción
Tras avalar la constitucionalidad de la consulta popular que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a juicio a sus antecesores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reformuló la pregunta, con lo que quedó fuera la mención a los exmandatarios.
Ocho ministros votaron a favor de la pregunta replanteada.
El debate inició con posiciones encontradas de los ministros, pues mientras había algunos que acompañaban la posición del ministro Luis María Aguilar, sobre los riesgos que conllevaba la aplicación de la consulta a temas como la presunción de inocencia y el debido proceso, la mayoría se pronunció por que el proyecto restringía el derecho de la ciudadanía a ejercicios participativos.
La ponencia inicial estuvo a cargo de Aguilar, quien expuso que la consulta no solo podría ser violatoria de los derechos humanos al dejar en manos de un sector de la población la decisión sobre el juicio a los exmandatarios.
“Los derechos humanos y sus garantías son indisponibles y mucho menos pueden ser restringidos en una consulta popular ni por nadie”
Luis María Aguilar, ministro ponente
Asimismo, aseguró que dicha consulta pone en riesgo los derechos de las víctimas y de las personas ofendidas por los hechos de los que se señala a los exmandatarios, pues refirió que tanto ciudadanos como autoridades están obligados a denunciar y que se sancionen hechos delictivos.
La consulta también afectaría la presunción de inocencia y el debido proceso al que tienen derecho las personas, expuso Aguilar.
“Las violaciones a la presunción de inocencia pueden generar la ilicitud de pruebas o en casos más graves la inconstitucionalidad de todo el proceso. En el proyecto se considera que la consulta popular puede viciar los procesos penales en curso y aún los futuros lo que puede imposibilitar que los jueces se pronuncien sobre la responsabilidad penal de esos delitos”
Luis María Aguilar, ministro ponente
Advirtió que esta situación podría abrir la puerta a la impunidad en hechos que tienen impacto para todos los mexicanos.
L
6 votos por la constitucionalidad
Uno de los votos a favor fue del ministro presidente Arturo Zaldívar. Al pronunciarse en contra del proyecto que proponía declarar inconstitucional la solicitud de consulta, rechazó la tesis central del ministro Luis María Aguilar sobre que el resultado vinculante del ejercicio participativo sería violatorio de derechos humanos.
«La consulta que se nos plantea no expone a nadie como culpable, ni es sugestiva. La materia de la consulta no asume que las personas que menciona son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad. Lo que la consulta busca conocer es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen, su presunta responsabilidad en la comisión de delitos, conforme a las leyes y los procedimientos aplicables»
Aturo Zaldívar, ministro presidente
En ese sentido, Zaldívar señaló que la Corte debe, en un principio, garantizar la democracia participativa sin intermediarios, mientras que la vinculatoriedad o no de un posible resultado está prevista en el artículo 35 constitucional.
«Así, es claro que los efectos de una consulta sobre la política criminal, como la que aquí se plantea, no podrían tener efectos vinculantes para las autoridades de procuración e impartición de justicia, en el sentido de obligarlas a actuar o no actuar, al margen de las normas y principios que rigen el ejercicio de sus atribuciones»
Arturo Zaldívar, ministro presidente
En su fracción VIII, dicho artículo establece que cuando la participación total de una consulta corresponda al menos al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes.
En su oportunidad, la ministra Margarita Ríos Farjat, argumentó que el proyecto de Aguilar partía de una lectura restrictiva al derecho humano a la consulta, sin tomar en cuenta la naturaleza de los procesos democráticos.
