Más de mil 600 científicos de instituciones privadas se quedarían sin apoyos económicos tras el dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria que avala la reforma del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores aseguró Alma Maldonado del CINVESTAV.
Carolina López Hidalgo
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) emitió un dictamen final positivo que avala las reformas al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores que dejaría sin apoyos económicos a más de mil 600 científicos de instituciones privadas.
A pesar de ser altamente cuestionada por la comunidad científica, por considerarla discriminatoria, esta reforma al reglamento comenzará un proceso de finalización de los convenios con el Sistema Nacional de investigadores adscritos a instituciones privadas.
Acciones que van en contra de las actividades científicas, así lo señaló la investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado.
“Vamos a esperar a que el Conacyt emita el nuevo reglamento donde claramente se van a excluir a los investigadores de instituciones privadas; desde el inicio del sexenio hemos estado viviendo una serie de regulaciones y medidas que van en contra de las actividades científicas y el trabajo académico.
Desde temas como reducciones salariales, de prestaciones, hasta una serie de políticas que limitan el apoyo, como es el caso de la desaparición de los fideicomisos en apoyos a las ciencias básicas y hasta una suma de cosas que nos pinta una situación complicada para el desarrollo de la investigación en México”
Hasta ahora, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no se ha pronunciado públicamente sobre cómo se llevará a cabo este procedimiento, pero se espera que, anualmente, 408 investigadores dejen de recibir su estímulo económico.
La medida de eliminar los apoyos a mil 632 científicos, según reconoce el Conacyt, traerá únicamente un beneficio anual de 29 millones de pesos, apenas equivalente al 0.52 por ciento de su presupuesto para el 2021.
Con este dictamen, la Conamer avala la decisión de la dependencia científica de realizar una consulta reducida para una regulación que afecta a más de 33 mil científicos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, señala la doctora Alma Maldonado.
“Viene la batalla legal por el reglamento del SNI, porque los colegas de las instituciones van a impugnar legalmente estos movimientos, nos cierran las posibilidades de avanzar, ya destruyeron a los representantes nombrados por la comunidad científica y eso va a generar batallas legales que no quisiéramos hacerlas porque nos quita tiempo para el trabajo científico”.
Con la entrada en vigor de esta reforma, los científicos adscritos a instituciones públicas tendrán nuevos beneficios adicionales, como la extensión de la vigencia por paternidad y adopción -ya no sólo por maternidad- y la erradicación del candado que no permitía participar en tres convocatorias seguidas para formar parte del SNI después de dos intentos infructuosos.
